Xalapa, Ver.- Palacios municipales quemados y tomados, ordenes de aprensión por delitos federales, denuncias penales en curso, patrullas incendiadas, ediles retenidos, así como dos alcaldes desaforados, es el saldo que dejo el año 2015 en los 212 ayuntamientos de Veracruz.

Los 212 alcaldes han sido el grupo más vulnerable ante denuncias de corrupción y abuso de poder, frente a una Fiscalía General del Estado (FGE) que ha sido calificada como el brazo ejecutor del Gobierno del Estado al iniciar la cacería de ediles de oposición.

Aquellos que son afines al sistema han sido protegidos desde el Congreso local, como fue el caso del alcalde a Ayahualulco, Abundio Rosas, que cobijado por la agrupación Antorcha Campesina, se quedó en el cargo, a pesar de  haber sido acusado de la retención ilegal de un menor de edad.

La gobernabilidad en algunas demarcaciones como Acutzingo, Tamiahua y Misantla, estuvo en riesgo, después de que los pobladores organizados iniciaron movilizaciones y acciones para mostrar su rechazo contra la inseguridad, la falta de empleo y el abuso de poder de los ediles en turno.

En el caso del Boca del Río, el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez, auguró que en breve será desaforado, ante la denuncia por enriquecimiento ilícito que interpusieron diputados locales por la adquisición de su residencia.

Hay que hacer mención que es la segunda ocasión que los mismos diputados presentan una denuncia contra el edil, en un primer momento –en el año 2014- recurrieron a la PGR y la Fepade, por el presunto delito de desvío de recursos al proceso interno del PAN, pero no fue procedente.

En la denuncia se expone que el edil reportó un ingreso de cuatro millones de pesos entre los años 2004 al 2010, sin embargo adquirió dos terrenos con un valor de ocho millones de pesos y construyó una residencia que tiene un valor de 30 millones de pesos.

El proceso legal se ha extendido, a nivel federal donde el alcalde ya tramitó un amparo, pero la investigación ministerial sigue vigente y el edil adelantó que este año podría ser desaforado, como venganza política, ante el “temor” que tiene el PRI de que su papá llegue a la gubernatura del estado.

Misantla foco rojo en materia de gobernabilidad

El primer conflicto municipal que generó polémica fue el caso de Misantla, después de que el alcalde Efrén Meza Ruiz, ordenó el desalojo de locatarios del mercado municipal.

El problema del mercado tiene requerimientos de jueces federales, para darle cumplimiento a sentencias de quienes fueron violados en sus derechos en 2011, con la demolición del centro de abasto, a manos del ex alcalde Javier Hernández Candanedo.

A fin de atender diez sentencias que giró el juez federal y cuarenta que están la Suprema Corte de Justicia, se determinó dar los espacios a los legítimos propietarios, después de que desde el Congreso local se validó un segundo listado de beneficiarios.

El tema sigue vigente, y el edil compareció ante diputados locales para explicar la situación que priva en su municipio en donde por meses integrantes de los 400 pueblos se mantuvieron en plantón permanente.

El edil del AVE visitó de manera frecuente la legislatura local para explicar a los diputados locales la razón por la que ordenó demoler algunos locales al interior del mercado.

Pobladores queman patrulla de SSP

La zona centro del estado se convirtió en un polvorín por temas de seguridad, la situación generó tal malestar que los pobladores de Acultzingo determinaron tomar carreteras y cuando llegaron policías del estado a poner orden, los pobladores determinaron retener una patrulla y prenderle fuego.

Un poblador de la comunidad de Coxolitla de Abajo fue acusado de secuestro, sin embargo familiares y vecinos del sujeto, evitaron que fuera detenido por elementos de la SSP, quienes voltearon la unidad y la quemaron.

Para resolver el conflicto arribaron elementos de la Secretaría de Marina, el saldo que se reportó fue solo una patrulla quemada y una denuncia penal contra quien resulte responsable.

Durante días pobladores tomaron la carretera Orizaba-Tehuacán en demanda de mayor seguridad.

Retienen al alcalde Tamiahua

El palacio municipal de Tamiahua, al norte de la entidad veracruzana, fue tomado e incendiado y el alcalde, Martín Cristóbal Cruz, fue retenido por un grupo de pobladores enardecidos debido al asesinato de un joven a manos de elementos de la policía municipal.

Los inconformes realizaron una marcha para exigir justicia y que el crimen no quede impune, sin embargo, los ánimos se tornaron violentos debido a que acusan que el presidente municipal permitió la huída del comandante de la policía municipal y de algunos de sus elementos, quienes aparentemente fueron los presuntos homicidas.

Los policías municipales acudieron a la vivienda de  Jalid García Vidal, de 19 años de edad, a quien supuestamente le propinaron una golpiza y eso le generó la muerte una semana después.

Los pobladores organizaron una protesta para exigir al alcalde la detención de los presuntos responsables de la golpiza, pero éstos ya habían escapado y los pobladores acusaron que fue el propio edil los dejo huir, lo que derivó en la protesta que se salió de control, pues también afectaron las oficinas del DIF municipal.

Alcalde en funciones prófugo de la justicia

En el caso del  alcalde de Castillo de Teayo, Enrique Isidro Dimas enfrenta dos demandas penales, una de ellas por el bloqueo de pozos petroletos de Pemex, por lo que ya se informó al Congreso local que existe una orden de aprensión en su contra, por lo que podrá ser detenido de un momento a otro.

El edil pidió a pobladores tomar como medida de protesta el cierre de pozos petroleros para que no se logrará el ingreso de los trabajadores, lo que derivó en pérdidas millonarias para la paraestatal.

Priistas y panistas buscados por autoridades internacionales

La fiscalía general del estado sigue buscando a los ex alcaldes de Medellín y Coatepec, Omar Cruz y Roberto Pérez Moreno, a quienes se les responsabiliza de ser autores intelectuales de dos asesinatos.

El primer caso que causo polémica fue el del panista Omar Cruz, quien fue acusado de ser autor intelectual del asesinato de Moisés Sánchez,  y a quien se le inició el primer juicio de procedencia y lo respaldaron 35 de los 5 diputados locales.

El segundo caso fue el de Roberto Pérez Moreno, quien fue inhabilitado para seguir fungiendo como alcalde de Coatepec, a fin de que enfrente los señalamientos de ser autor intelectual del asesinato de Guillermo Pozos Guzmán, ex tesorero municipal.

En ese caso se determinó llamar a Ricardo Palacios Torres, a rendir la protesta de ley como nuevo alcalde de esa demarcación.

Otra solicitud de juicio de procedencia, fue contra el priista Abundio Rosas, alcalde de Ayahualulco, quien se mantendrá en el cargo a pesar de haber sido acusado de abuso de autoridad.

En sesión privada, después de escuchar el último alegato del edil se determinó que no era procedente el dictamen que integró la comisión instructora y que proponía separarlo del cargo para ser juzgado por la retención de un menor de edad en la cárcel municipal. 

Avc