Paris Martínez

Si hablamos de justicia en México, el caso de José Felipe Castillo es ejemplar: él era un adolescente de 17 años que, en julio de 2011, apareció ahorcado dentro de una cueva, en Yucatán. Tres años y medio después, la investigación sobre su fallecimiento ha quedado totalmente concluida, según las autoridades mexicanas, aunque aún falte esclarecer un pequeño detalle: ¿cómo murió este niño, alguien lo mató… quién?

Cuando el cuerpo de José Felipe fue encontrado, su cabeza y sus manos presentaban diversas lesiones que no pudo ocasionarse por sí mismo: una rajadura en el cuero cabelludo, a la altura de la coronilla, de entre 15 y 20 centímetros de largo, así como distintos golpes y cortes en el dorso de sus manos y antebrazos.

Estas heridas fueron retratadas por la autoridad cuando se levantó el cadáver, pero nunca realizó ningún tipo de investigación sobre su origen, no determinó si las lesiones en las manos eran defensivas o si la herida en la cabeza había sido ocasionada durante una agresión previa a la muerte, sólo embolsaron el cuerpo y, en automático, determinaron que José Felipe se había suicidado.

Para sustentar esa conclusión, la Fiscalía General de Yucatán presentó una autopsia, que luego pudo comprobarse que era falsificada, y en la que no fueron registradas las heridas que presentaba el cuerpo del adolescente.

El acta de esta autopsia fue firmada un médico forense que, en realidad, nunca ha trabajado para la Fiscalía estatal y, peor aún, dicho documento pericial llevaba el nombre de otro muerto, no el de José Felipe.

Un día antes de morir, este adolescente –que aportaba al sustento familiar con el producto de las artesanías que realizaba en madera– había roto el compromiso matrimonial, que sostenía con otra menor de su comunidad. Ésa es, afirma su padre, Marco Antonio Castillo, la causa de que el menor fuera asesinado.

“Si tienes un poquito de dinero, en Yucatán puedes hacer lo que quieras –afirma–: si quieres matar a alguien, lo matas, y pagas por tu impunidad, y como si nada hubiera pasado.”

Ante la insistencia de los padres del menor, la Fiscalía de Yucatán realizó “entrevistas informales” con familiares de la exprometida de José Felipe, y ellos reconocieron haber estado en el lugar donde fue hallado su cadáver, un baldío en cuyo centro hay una formación cavernosa, el mismo día de la muerte.

Esta información fue recopilada por la Fiscalía, pero no hizo nada más: no solicitó a estas personas que rindieran declaración ministerial formal, para que explicaran por qué habían estado en el escenario de la muerte, el día de la muerte, si ése era un predio con el que no guardaban ninguna relación; tampoco investigó las últimas llamadas que José Felipe realizó desde su teléfono celular y, en general, no realizó un estudio de criminalística que permitiera determinar si la muerte era producto de un ataque u ocasionada voluntariamente.

De hecho, durante el siguiente año y medio transcurrido desde la muerte del menor, la autoridad no realizó ninguna diligencia orientada a esclarecer los hechos.

Todas estas irregularidades fueron denunciadas por la familia del menor artesano, en 2011, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, pero esta institución tampoco hizo nada.

Fue así que, en abril de 2012, los papás de José Felipe se encadenaron del cuello a un árbol, frente a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Ciudad de México, hasta donde se trasladaron para exigir que el caso de su hijo fuera atraído por esta institución, ya que a nivel local nada parecía poder hacerse ya.

Ese mismo día, Raúl Plascencia Villanueva –entonces titular de la CNDH– determinó atraer el caso, ya que “los hechos denunciados implican posibles violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad”, tal como explicó entonces, y durante los siguientes meses, este organismo autónomo fue confirmando todas las anomalías expuestas por los padres de José Felipe.

Además del acta forense falsificada y de la inexistencia del supuesto médico que la realizó, la CNDH constató que las autoridades del estado nunca emprendieron diligencias tendientes a esclarecer la muerte del menor; nunca tramitaron el historial de su teléfono celular, para verificar con quién mantuvo contacto antes de morir; nunca realizaron el estudio criminalístico que por ley debe hacerse en todo fallecimiento no aclarado.

La CNDH también constató que los agentes encargados del caso se robaron distintas evidencias del expediente, en especial el peritaje fotográfico que registraba las heridas en el cuerpo del menor (fotos de las que la familia conserva copias), las prendas de vestir que portaba José Felipe al morir; así como su teléfono celular.

Por todas estas irregularidades –que no fueron fueron atendidas, aún cuando el gobernador estatal, Rolando Zapata, así se había comprometido–, en septiembre de 2013 la CNDH emitió su recomendación 34/2013, al confirmar que, en el caso de José Felipe, el gobierno de Yucatán incurrió en “conductas que configuran violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia”.

Dicha recomendación, exigía al gobernador de Yucatán distintas acciones, para enmendar las violaciones a los derechos humanos comprobadas, ente las que destacan integrar adecuadamente la averiguación previa por la muerte del menor, “subsanándose todas las irregularidades” detectadas; iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los agentes involucrados en estas irregularidades; y realizar acciones de reparación para las víctimas.

“En ese momento –recuerda el señor Marco Antonio Castillo– parecía que las cosas empezaban a componerse, yo le prometí a mi hijo en su féretro que se haría justicia, y pensaba que al fin estaba alcanzándola.”

Sin embargo, no fue así.

En vez de repetir la investigación sobre la muerte del menor, corrigiendo todas las irregularidades detectadas, la Fiscalía General de Yucatán determinó “el no ejercicio de la acción penal”, y dio por concluido el tema. No hubo nueva indagatoria, no se realizaron las diligencias pendientes, ni se desahogaron las líneas que señalan a un asesinato. El caso simplemente fue archivado.

Sobre las irregularidades cometidas por los agentes, como el robo de pruebas del expediente, la Fiscalía lo único que hizo fue cesar a dos funcionarios de sus cargos. Nunca recuperó las pruebas robadas, ni fincó cargos penales a los funcionarios que perpetraron el hurto.

Por último, como reparación del daño, el gobierno de Yucatán ofreció 50 mil pesos a cada integrante de la familia de José Felipe. Pero ese dinero, destaca su padre, fue ofrecido como un apoyo emergente para enfrentar su difícil situación económica, no como una reparación integral del daño o como un reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

“Yo no necesito dinero –insiste–, yo lo que necesito es justicia, eso es lo que quiero.”

Con base en estas acciones del gobierno de Yucatán, la CNDH (ahora encabezada por Luis Raúl González Pérez) determinó el pasado 7 de septiembre de 2015 que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este caso han quedado solventadas favorablemente, y que su recomendación 34/2013 ha sido acatada por el gobernador Rolando Zapata Bello “con pruebas de cumplimiento total”.

Esta es la historia de José Felipe, un ejemplo de la justicia en México.

–¿Que sigue? –se pregunta al señor Marco Antonio.

–Sigue la justicia internacional –afirma–, sigue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México no existe la justicia…”

Por cierto, el árbol en el que los papás de José Felipe se encadenaron frente a la CNDH, en 2012, para obligar a esta institución a abordar su caso, luego fue talado.

Con información de Animal Político http://ow.ly/VUjyA