Xalapa, Ver.- Las 14 denuncias presentadas por el diputado federal del Partido Acción Nacional (Pan) Miguel Ángel Yunes Linares en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal “fueron resueltas a fondo” y se aplicará el principio de que un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces, indicó el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras.

En entrevista informó que al enviar las denuncias la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General del Estado con el propósito de que se hiciera cargo del caso, esta última solicitó información a la Contraloría General del Estado.

A su vez la Contraloría General del Estado investigó y la Fiscalía General del Estado determinó no ejercitar acción penal.

“La Contraloría determina que los funcionarios que estaban denunciados por la ASF no había existido quebranto y en razón de eso la Fiscalía determina el fondo de esos casos, ya hay una determinación basada en los dictámenes técnicos de la Contraloría que dice: No ha lugar a ejercitar la acción penal”, indicó.

Expuso que al haber denuncias de un mismo hecho aplica en contra del principio “Non bis in ídem”, lo cual significa que  no es factible que sí ya se determinó un fondo venga el denunciante inconforme y la vuelva a presentar porque ya hay un procedimiento.

Recordó que la historia de esas denuncias, primero ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  el año pasado, pero  la PGR que tenía esos casos, declinó la competencia por no ser hechos a su consideración que debieran ser resueltos por la federación.

Por lo que fueron enviados a la Fiscalía General del Estado, que a su vez pidió a la Contraloría General del Estado la información al respecto de esos servidores públicos.

Al respecto la Contraloría en un primer momento respondió que si había procedimientos, porque  algunos están inconclusos, en ese momento la investigación se resuelve en el sentido de reservar porque estábamos supeditados a los que dijera la Contraloría.

Meses después llegaron  los dictámenes técnicos en los cuales la Contraloría determina que los funcionarios que estaban denunciados por la ASF “no había existido quebranto” y en razón de eso la Fiscalía determina el fondo de esos casos.

Al respecto, el fiscal detalló que la Contraloría determinó que no existía quebranto, porque sucedió una situación similar a lo ocurrido con el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) cuando requiere la información a los ayuntamientos y en muchos casos los alcaldes no la envían.

“No sé por qué razón pero no la mandan, entonces el Orfis al no tener los elementos para poder Auditar lo que hace es denunciar porque para ellos se presume que existe este quebranto patrimonial”, detalló. 

Avc