México, D.F. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la grave crisis de derechos humanos que vive México, durante su visita in loco a México, que tuvo lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

La comisión señaló a través de un comunicado que esta crisis de derechos humanos,  está “caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”.

El informe señala que “la violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.

“La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México; tal como lo indicó una alta autoridad en reunión con la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias””.

En el contexto del 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la CIDH dijo que “la masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto”.

Desaparición de personas en México es alarmante

Sobre la desaparición de personas en México, la CIDH dijo que la magnitud es alarmante.

“Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas.

“Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples”. Señalaron que “muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias.

La CIDH  comentó que durante estos días se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades.

“Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres han evidenciado que son ellos quienes han tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar con debida diligencia”.

En el comunicado de la CIDH dijo que “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales”.

Ejecuciones extrajudiciales, de profunda preocupación

El informe preliminar de la visita, destaca la profunda preocupación son las ejecuciones extrajudiciales.

“Situaciones recientes han sido los hechos ocurridos en Tlatlaya, sur del Estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, estado de Michoacán, en enero de 2015; y en Tanhuato, también en Michoacán, en mayo de 2015”.

La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a esta situación, sin perjuicio de las insuficiencias y obstáculos existentes en la implementación.

En particular reconoce las importantes reformas en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir de 2011, incluyendo las reformas constitucionales y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.

No obstante, la CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”.

La CIDH recibió reportes en múltiples zonas del país sobre la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

“En particular, es alarmante la cantidad de procesos penales que permanecen estancados por años en el proceso de investigación, sin que se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte sentencia. El número de procesos judiciales por graves violaciones concluidos con sentencias condenatorias es ínfimo. La falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad así como el estado de derecho en el país”.

En su pronunciamiento la comisión dijo que “un primer paso en este sentido debe ser esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado, para así romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas”.

“El combate a la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida, es esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia”.

 La CIDH expresó su voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La Comisión elaborará y aprobará un Informe de País, el cual será publicado durante el primer semestre del año 2016.

La CIDH observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

La delegación estuvo conformada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; el Primer Vicepresidente, James Cavallaro; el Comisionado Felipe González y las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz. Asimismo, integraron la delegación el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y otros miembros de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La Comisión Interamericana se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La delegación visitó la Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.