Al comparecer ante el pleno del Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el gobierno federal no busca una verdad oficial o políticamente conveniente, sino ‘‘simplemente la verdad’’.

Agregó que así como se ha capturado a 111 presuntos responsables de la desaparición forzada de los estudiantes, todos y cada uno de los que faltan (por aprehender) rendirán cuentas ante la justicia. ‘‘Ni perdón para los culpables, ni olvido para las víctimas’’, recalcó.

Evitó confrontarse con legisladores de PAN, PRD y PT, quienes cuestionaron la actuación del gobierno federal en la tragedia de Iguala, sostuvieron que se vive la peor crisis de derechos humanos y calificaron su gestión de omisa e indolente.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, el responsable de la política interna pidió a los senadores que se aprueben las reformas constitucionales del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia, pendientes desde hace casi un año en esa Cámara. Ello permitiría al gobierno federal, sostuvo, fortalecer las instituciones de seguridad locales y lo facultaría para intervenir en municipios infiltrados por el crimen organizado, como fue el caso de Iguala.

‘‘La iniciativa de ley existe; respetuosamente creo que es conveniente analizarla, debatirla y luego enriquecerla’’, insistió.

Durante las cuatro horas que duró la comparecencia de Osorio Chong con motivo de la glosa del tercer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el tema recurrente fue Ayotzinapa.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, sostuvo que de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Secretaría de Gobernación y todos los aparatos del Estado mexicano estuvieron vigilando la desaparición de los 43 normalistas. ‘‘Deben explicar por qué no intervino el Ejército’’, dijo.

Al hablar en nombre del PAN, la senadora Adriana Dávila resaltó que ‘‘el Estado ha sido incapaz de defender con sus propios peritajes la verdad histórica de lo acontecido la larga noche de Iguala’’. Mientras hablaba la legisladora los integrantes de su bancada colocaron en sus escaños cartelones con alusiones a Ayotzinapa y la llamada Casa Blanca.

A su vez, la senadora del PRD Dolores Padierna resaltó que el país atraviesa por una de las peores crisis en materia de derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; ante ello pidió al funcionario federal que definiera cuáles son las medidas que la dependencia a su cargo ha tomado para atender las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Calera y Tanhuato.

Osorio Chong respondió que todos estos casos –en los que se ha señalado que intervinieron el Ejército o la propia Policía Federal– están bajo proceso legal y no puede comentarlos. Por lo que toca a Iguala, el titular de Gobernación señaló que, ‘‘recogiendo los señalamientos del GIEI, se hará un nuevo análisis con expertos a nivel internacional, en el que estará también el señor Torero’’.

En otra parte de la comparecencia, el funcionario rechazó el señalamiento de la perredista Padierna de que debió haber renunciado luego de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. De entrada, Osorio explicó que se trató de una acción inédita que se está investigando a fin de lograr su recaptura y ya hay 20 detenidos.

El también perredista Luis Sánchez insistió en ese caso y la respuesta fue: ‘‘Ante la crisis del sistema penitenciario, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con responsabilidad para evitar la repetición del tema’’.

Por otra parte, Bartlett Díaz (PT) le pidió contestar directamente si el Ejecutivo federal continuará con el uso de todo su poder para ‘‘atacar’’ al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien considera su adversario electoral.

‘‘De manera puntual le digo que este gobierno no lo ha hecho y no lo hará. Ni la seguridad ni las instituciones ni los instrumentos que le da la Constitución los ocupará (Peña Nieto) en cuestiones electorales.’’

El titular de Gobernación sostuvo que el gobierno federal logró detener la escalada de violencia que en años anteriores dañó al país, pero de nuevo panistas y perredistas lo pusieron en duda.

El senador Alejandro Encinas sostuvo que el diario Washington Post publicó ayer un artículo que califica 2014 ‘‘como el año miserable de México’’. Osorio Chong no aludió a ello y evadió también las críticas de la oposición en torno al nombramiento del ex diputado del PVEM Arturo Escobar, quien no estuvo dentro del salón de plenos, sino en el balcón de invitados.

En su comparecencia, Osorio Chong contó con el respaldo de las bancadas de PRI y PVEM, que salieron siempre en su defensa. La priísta Cristina Díaz resumió el sentir de su bancada: ‘‘En el caso de la tragedia de Iguala hay un afán indeclinable de verdad y justicia y sin importar que haya quienes pretenden lucrar con el dolor ajeno’’.

Carlos Alberto Puente, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, recalcó: ‘‘Somos los primeros en reconocer su liderazgo, señor secretario. El palacio de Bucareli ha dejado atrás la cerrazón e inoperancia de años anteriores’’.

Los Abarca eran investigados antes de la desaparición de normalistas

Antes de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, había al menos tres procuradurías mexicanas que guardaban en sus archivos denuncias e investigaciones donde relacionaban a María de los Ángeles Pineda Villa, a su familia y a su esposo, el ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

Según otra nota del periódico El Universal, el 31 de mayo de 2013, por ejemplo, el padre de Ángeles Pineda Villa, el señor Salomón Pineda Bermúdez, levantó una denuncia penal con número FAS/T3/668/13-05, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el secuestro de su esposa, María Leonor Villa Ortuño.

Cuando los secuestradores se comunicaron con él, le pusieron una primera condición: que les diera el teléfono de su hija Ángeles. Pero él les contestó que no tenía buena relación ni con ella ni con su yerno, José Luis Abarca, por eso no tenía el número, se lee en la versión pública de la averiguación previa desclasificada por la Procuraduría General de la República (PGR), con base en una orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Como Pineda Bermúdez no les dio el número, llamaron a una sobrina de nombre Escarlet. Ella contó que además del teléfono de su tía, los secuestradores pidieron 10 millones de dólares y “la plaza de Iguala”, a cambio de la vida de la señora Villa Ortuño.

Al tiempo se conoció que los plagiarios eran integrantes del cártel de La Familia Michoacana.

“Que no quieren dinero, sino que les pusieran al jefe de la policía y les abrieran la plaza de Iguala”, relató Escarlet a la autoridad.

El 7 de junio se conoció que la señora Villa Ortuño había escapado de sus captores y estaba en un hospital del Estado de México.

Tanto el padre, la madre y tres hermanos de Ángeles Pineda han estado relacionados con la delincuencia organizada, primero con el cártel de los Beltrán Leyva y más tarde con la célula de Guerreros Unidos.

“La familia del denunciante [Salomón Pineda] se encuentra vinculada con la delincuencia organizada, como arriba quedó asentado por el propio denunciante”, se lee en el parte de la PGJDF.

En el expediente del caso Ayotzinapa se establece que en julio de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR informó sobre las averiguaciones previas donde estuvieran involucrados los hermanos Alberto, Mario y María de los Ángeles Pineda Villa.

Entonces, internamente, a manera de respuesta, se dio a conocer la averiguación previa AP/PGR/GRO/160/C- OE/429/2014, iniciada en la delegación de la PGR en Guerrero, el 10 de abril de 2014, cuando entró una llamada al teléfono de la Policía Federal Ministerial. “Se recibió una llamada de una persona que se identificó como subteniente de Infantería, perteneciente al 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde informa sobre el hallazgo de un laboratorio clandestino en la colonia San Miguel, por lo que solicita presencia de personal ministerial y pericial”, se lee en el documento.

De acuerdo con la declaración que rindieron ante el Ministerio Público federal los elementos del 27 Batallón que participaron en el hallazgo, el 10 de abril de 2014 recibieron una denuncia anónima y se trasladaron al lugar.

Al arribar a la colonia San Miguelito vieron a siete personas que portaban armas y que al percatarse de la llegada de los militares huyeron del lugar. En el sitio, donde se percibía “un olor penetrante con las características al parecer de la goma de opio”, hallaron tambos con un líquido negro y diversos objetos. En este hecho estuvieron involucrados Guerreros Unidos.

El 31 de mayo de 2013, la Fiscalía de Guerrero inició la averiguación previa HID/SC/01/0758/2013 contra Abarca y su esposa, por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, de la Unión Popular de Iguala.

La indagatoria fue remitida el 18 de marzo de 2014 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que la atrajo por el delito de secuestro. En ella, un testigo afirmó que Abarca mató a Hernández Cardona.