Xalapa, Ver.- Ricardo Jesús Sepulveda, Director de Políticas públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que son los jóvenes los más vulnerables a la violación de sus derechos.

En entrevista en la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Universidad Veracruzana (UV), expuso que es por eso que todos los gobiernos locales o estatales, más que atender recomendaciones de la federación, deben aplicar el artículo primero de la Constitución.

Aseguró que después de lo ocurrido en Ayotzinapa, el gobierno federal ha asumido el compromiso de generar políticas públicas para evitar que vuelvan a ocurrir cosas similares.

“El compromiso que tiene el Presidente es hacer de los derechos humanos la política rectora de todo su gobierno y sobre todo darle la prioridad”, dijo y reiteró que se están evaluando y reimpulsando las acciones que tiene por objetivo resguardar a todos los ciudadanos.

Cuestionado por el caso de Veracruz, en donde se agredió a 8 jóvenes universitarios, y a la fecha no se ha resuelto el caso, señaló que más que hacer un exhorto para que se sancione ese tipo de casos, refirió que simplemente se tiene que aplicar la Constitución, que garantiza –en su artículo primero- los derechos de los ciudadanos.

“Somos conscientes que en los temas de derechos sociales, pero también en los temas de justicia y seguridad los jóvenes, en el país, tiene seria e importantes amenazas para sus derechos humanos y por lo tanto tenemos que poner atención”.

Dijo que las autoridades de todos los niveles deben aplicar el precepto constitucional que dice que ante la violación de cualquier derecho humano se debe investigar de manera profunda, después de eso la sanción –en el caso de lo que se encuentre- y la reparación a los afectados, pero sobre todo la prevención.

“Este es un exhorto que más que hacerlo la secretaría de Gobernación, lo hace la Constitución”.

En otro tema, reconoció que el limitar o suspender el suministro del agua representan una violación a los derechos humanos, por lo que los ciudadanos se pueden ampararse.

En entrevista, el funcionario federal afirmó que no conoce el proceso de privatización del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz, pero en caso de que se violente algún derecho humano hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda intervenir.

“No conozco el detalle para fijar una postura firme y oficial, pero la Constitución reconoce todos los derechos humanos, incluidos, el acceso al agua y por lo tanto todos los ciudadanos tienen derecho de reclamar, por todas las vías, cuando por decisión de la autoridad de le limite o se le cancele el servicio”. 

Avc