México, DF.- El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, Pepe Yunes Zorrilla, acompañó al jefe del Ejecutivo de la Nación, Enrique Peña Nieto, a la presentación de la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se trata de la legislación secundaria de la Reforma Constitucional que en esa misma materia se aprobó en el Congreso de la Unión, vigente desde el pasado mes de mayo, y que fue impulsada desde la Comisión de Hacienda del Senado, que encabeza Pepe Yunes.

La iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional ante gobernadores de los estados, funcionarios públicos e invitados especiales, tiene cinco directrices:

PRIMERO: Reglas y estándares de disciplina financiera. “La iniciativa propone diversas medidas para asegurar un manejo responsable, eficiente y prudente de las finanzas públicas. Como ocurre desde hace años en el orden federal, establece, por ejemplo, diversos mecanismos de medición y control del balance fiscal de los estados y municipios; es decir, busca que los ingresos y egresos que hay en las entidades federativas estén en un sano equilibrio”.

También se propone limitar el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar recursos a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, priorizar la utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda, y fortalecer la planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión.

SEGUNDO: Nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda. “Este nuevo ordenamiento no prohíbe que los estados recurran eventualmente a la contratación de deuda, pero establece principios y lineamientos para que lo hagan de forma mucho más ordenada y con responsabilidad frente a las condiciones que mantenga su hacienda pública”.

De esta manera, los créditos sólo podrán contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado, operación que forzosamente requerirá de la aprobación de la mayoría calificada en la legislatura estatal correspondiente. Además, la deuda pública deberá transparentarse y destinarse exclusivamente a inversión pública, o a mejorar el perfil crediticio del gobierno solicitante.

De igual manera, los créditos de liquidez de corto plazo tendrán que ser saldados al menos tres meses antes de que concluya la administración que lo solicite, evitando así que un gobierno que esté a punto de concluir su gestión contrate nuevos empréstitos y deje deuda a las administraciones que lo sucedan.

TERCERO: Creación del Registro Público Único. “En él, los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales, deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras, incluyendo las contratadas bajo esquemas de asociación pública-privada. Además, este Registro se actualizará oportunamente y su información podrá ser consultada por los ciudadanos en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

CUARTO: El establecimiento del Sistema de Alertas de Deuda Pública de Entidades Federativas, Municipios y Entes Locales. “Se trata de un esquema de indicadores que permitirá identificar y distinguir a los estados y municipios conforme a sus niveles de endeudamiento. Esta innovadora herramienta de transparencia no sólo será útil para advertir elevados niveles de endeudamiento y tomar medidas correctivas, también facilitará el acceso a créditos con menos costos y en mejores condiciones a los gobiernos locales con bajos niveles de deuda”.

QUINTO: “Es la oportunidad para que estados y municipios puedan obtener crédito con el aval de la Federación, y en este sentido la iniciativa de ley establece los procedimientos y condiciones que deberán cubrir los gobiernos locales para contar con una deuda estatal garantizada; es decir, deuda con la garantía de la Federación, similar a la que goza el Gobierno del Distrito Federal desde hace muchos años”.

El senador Pepe Yunes coincidió con el presidente Enrique Peña Nieto en que esta iniciativa “representa un paso fundamental en favor de la responsabilidad hacendaria en todos los órdenes de gobierno”, y destacó que permitirá encauzar el destino de los recursos públicos en actividades productivas que impulsen el desarrollo y que impacten favorablemente en las condiciones de vida de los habitantes de los estados y los municipios, evitando un endeudamiento irresponsable.