Xalapa, Ver.- Todas las entidades del país están obligadas a adecuar su marco normativo a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, advirtió el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Alberto Ibarra Palafox.

“Bajo el principio de que hay un mínimo de derechos que deben reconocerse en todo el país, la decisión de la Corte implicaría que se ampliara el estándar de la protección de los derechos humanos en todas las entidades. En este caso, por tratarse del derecho humano a formar una familia, que es un derecho reconocido en tratados internacionales, no solamente debe respetarse ese derecho humano en el Distrito Federal sino que tendría que extenderse el respeto a ese derecho a las otras entidades federativas, aún cuando no hubiera las leyes correspondientes”-

Entrevistado en la ceremonia de Graduación de la Generación 2012-2014 de la Maestría en Derecho Judicial, impartida por el Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización (IFCEA) del Poder Judicial del Estado, señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga a las entidades a respetar y garantizar el derecho a formar una familia.

Dijo que de lo contrario, las entidades estarían violando el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece la no discriminación de los individuos, por lo que indicó que es menester de los Congresos locales que se modifique la ley a fin de que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“El tema de la discriminación se debe evitar, corregir y de no emitirse la ley correspondiente que permita las sociedades de convivencia estaríamos en un régimen de desigualdad en el estado con relación a estos casos”.

Ibarra Palafox señaló que en tanto no se tenga una ley en la materia, las parejas del mismo sexo que quisieran casarse tendrían que recurrir a la vía del juicio de amparo.

“No procede una denuncia penal o civil pero serían los jueces federales los que tendrían que determinar la procedencia de la conformación de una nueva familia entre personas del mismo sexo”.

Avc