Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado dio entrada a una contrarreforma a la ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), como una exigencia  ética,  de  justicia social y de solidaridad hacia quienes, con su quehacer cotidiano, han hecho posible el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, dieron voz a la propuesta de los integrantes del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV) y la Coalición de  Pensionistas  Independientes  del  Estado  de  Veracruz (COPIPEV).

En la exposición de motivos, reconocen que la situación del IPE es  crítica, pues los resultados de las Cuentas Públicas 2013 practicadas a los Fondos del IPE, reportan que en esas reservas técnicas, es decir, del dinero que han aportado los miles de trabajadores por más de 50 años para jubilarse, sólo existen poco más de dos mil millones de pesos.

“Al parecer eso es todo lo que hay: sólo dos mil millones, para una población de más de 27 mil pensionados que durante más de 30 años en promedio, aportaron para su jubilación”, dijo Domingo Bahena.

En la propuesta, mencionó, se le da a la Ley el carácter de norma de interés social; se elimina la obligación de que los pensionados aporten; se elimina el salario regulador que promedia el  sueldo de los últimos diez años, por uno que pro- medie el último año; estableciéndose la prohibición de otorgar pensiones si el trabajador no tiene al menos cinco años cotizando en la plaza.

Derivado de esto, se busca poner freno a las plazas comodín, aquellas plazas con sueldos o niveles altos, usadas para que los trabajadores alcancen jubilaciones desorbitadas o que no merecen, y que en  gran medida son reflejo de la corrupción que prevalece en el IPE.

Se devuelven los derechos que los trabajadores en  activo venían disfrutando, como lo es la edad de  jubilación y su cuota de aportación, por falta de transparencia y sustento de la  Ley.

Se establece la obligación subsidiaria del Estado  para el caso de que alguno de sus organismos incorporados deje de aportar al IPE.

“No puede el  gobierno lavarse las manos, dejar de aportar cuando tiene la obligación de hacerlo, es responsable, es solidario; son sus trabajadores y él es el patrón, así de simple”, expresaron.

Se elimina el privilegio del borrón y cuenta nueva  que contiene la actual Ley, respecto de los registros contables de los fondos de reserva; y se adiciona como prestación los préstamos hipotecarios y financiamiento general para la vivienda, siempre y cuando existan recursos suficientes para  ser destinados a dicha prestación.

Se propone modificar la integración del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia para romper con el círculo vicioso que por años ha imperado, por lo que se propone su democratización y permanencia temporal de sus integrantes.

Y que el Consejo Directivo y Comité de Vigilancia,  se integre en su mayoría por representantes de los  trabajadores y por supuesto de los pensionados y  que los acuerdos e informes que se generen en el  IPE, sean publicados y gocen de cabal transparencia.

También subió a tribuna el diputado local Cuauhtémoc Pola, quien refirió que aún estaban en tiempo de poder corregir la plana y evitar que la Suprema Corte de Justicia los pusiera en evidencia por el pésimo trabajo hecho al aprobar la primera ley.

El diputado Fidel Robles les pidió a la mayoría priista, que con la misma prisa que aprueban todas las propuestas del ejecutivo se revise la iniciativa que remitieron los jubilados y pensiones, quienes les dieron el voto para ocupar la curul. 

Avc