Xalapa, Ver.- Al inaugurar la Primera Sesión de Procuración de Justicia, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, habló de combatir delitos electorales, eficientar la búsqueda de personas desaparecidas y combatir el robo de hidrocarburos.

Así como el emprender todas las acciones para que pueda cumplirse en un tiempo y forma, con el arranque al 100 por ciento de la reforma del 2008 que plantea un nuevo sistema penal.

Sobre el combate a delitos, comentó que la Procuraduría General de la República tiene el compromiso de garantizar una eficaz procuración de justicia penal electoral, atendiendo al nuevo marco legal introducido con la reforma política-electoral.

“La fiscalía especializada para la atención de delitos electorales dirigirá sus esfuerzos a la instauración de un modelo de coordinación con las entidades federativas, para garantizar un proceso electoral ejemplar, donde la ciudadanía participe con toda la confianza y seguridad que se requiere, para fortalecer las instituciones democráticas”.

Arely Gomez consideró necesario y urgente llevar a cabo un análisis profundo de protocolos  para la investigación ministerial, policial y pericial de los casos de desaparición forzada  y de tortura a efecto de contar con indagatorias eficientes en esos rubros.

“Esta urgencia es como una línea de acción emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero sobre todo  como un legitimo reclamo social que demanda acciones eficaces en la persecución de estos delitos”.

La Fiscal dijo que otro tema que cobra relevancia nacional tiene que ver con el robo de hidrocarburos, “una situación que afecta  a más de una región en el país, y que requiere de un combate coordinado, eficaz, formal y estratégico, por lo que nos encargaremos de acordar parámetros de colaboración adecuada que nos generen resultados”.

Arely Gómez dijo que los fiscales de la zona sureste del país, tienen grandes retos y el fuerte compromiso de lograr una procuración de justicia, transparente, eficaz, preparada para la operación del nuevo sistema de justicia penal, que en todo momento sea respetuosa de los derechos humanos y garantice su protección a las víctimas del delito.

"Nuestro compromiso consiste en construir instituciones que generen confianza ciudadana, un camino de apertura a la población, y una protección a las víctimas del delito".

La procuradora mencionó que con la reforma del 2008 y la implementación del nuevo Sistema Penal  que tiene como fecha comprometida junio del 2016 para la operación plena en las entidades del país, "hay una tarea que demanda nuestra inmediata atención y todo el esfuerzo posible para concluir los compromisos pactados y las acciones pendientes".

El código nacional de procedimientos penales opera en Durango, Puebla, Zacatecas y Yucatán. Y hace unos días el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto del 2015, en cuatro estados más: Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.