Xalapa, Ver.- (AVC) Sobre Veracruz pesan recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quejas presentadas por mujeres y sus familiares, quienes recibieron una atención inadecuada o sufrieron violencia obstétrica mientras acudieron a los servicios de salud para atender procedimientos como un parto o aborto, esto lo señaló Araceli González Savedra, integrante del Comité Estatal por una Maternidad Segura.

En entrevista dijo que lamentablemente se siguen viendo esquemas de violencia y demoras en la atención de las mujeres que llegan en trabajo de parto o con problemas durante la gestación, lo que ha generado desde problemas de salud para ellas hasta la muerte del producto o de las propias madres.

Sólo durante el 2014 en Veracruz se reportaron 70 muertes maternas, de acuerdo con las cifras del Comité, explicó González Saavedra, quien señaló que ante esta situación Veracruz queda lejos de alcanzar los objetivos que se le impusieron para alcanzar los objetivos del milenio en materia de reducir la muerte materna.

Agregó que a pesar de los programas como las madrinas obstétricas, la capacitación y sensibilización del personal de salud, e incluso a pesar del convenio interinstitucional que obliga a todas las instituciones públicas a proporcionar atención a las mujeres embarazadas, se siguen presentando casos en los que las mujeres son rechazadas en los hospitales o reciben una mala atención.

La activista dijo que tener 70 decesos en un año, por causas relacionadas a la maternidad, es una cifra alta, sólo después del Estado de México, lo cual consideró como algo "preocupante".

Entre las cuestiones que le reportan al Comité, las usuarias de los servicios de salud, se encuentra el hecho del escaso personal que hay para atenderlas, lo que genera muchos cuestionamientos sobre el destino del dinero público, especialmente el enfocado para la atención de la salud materna.

Desatención a embarazadas es un delito

La integrante del Comité explicó que el desatender a una mujer embarazada o negarle la atención en algún hospital público, es un delito, que puede castigarse incluso por la vía penal, pues en Veracruz está tipificado el delito de la violencia obstétrica.

Pese a esto, dijo, también estos casos pueden ser denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, notificando a la Comisión Nacional, para que en algún momento pueda ser atraído el caso por esta, en caso de ser necesario.

Sin embargo reconoció que no todos los casos que ocurren son reportados ni denunciados, pues muchas mujeres desconocen la tipificación o en su caso cuando la conocen, al tener a su bebé en brazos deciden dejar pasar la violencia obstétrica que padecieron.

Hospitales y personal desatienden a las mujeres

En entrevista explicó que debido a que el personal de los hospitales desatiende a las mujeres embarazadas, ya se había presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta emitió una recomendación a raíz del deceso de un bebé, como resultado de la mala atención que recibió su madre, misma que data del 2012.

Sin embargo esta no es la única queja que se ha presentado, pues han llegado algunos casos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los cuáles hasta el momento no se han dado a conocer como concluíos.

Dijo que a nivel nacional existe firmado un Acuerdo Interinstitucional para que cualquier hospital, ya sea de Servicios de Salud Estatales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Pemex, Marina, Ejército u otros, atiendan las emergencias obstétricas -incluyendo partos y cesáreas- aún cuando la mujer que llegue no esté afiliada.

En caso de que el hospital no tenga la capacidad de atenderla o requiera de una atención más especializada, en otra institución, el hospital al que llegue debe proporcionar desde la primera atención hasta el traslado, para evitar exponer a riesgos a la madre o al producto.

Esto es algo que no se practica, pues dijo que al parecer hay un profundo desconocimiento de parte del personal de este Acuerdo, lo que ha generado que muchas veces las mujeres sean enviadas a servicios particulares o les sea negada la atención cuando llegan de emergencia a un nosocomio.

Las exigencias

La también activista explicó que una de las demandas que se hace es la presencia de personal suficiente y capacitado para atender los temas de la atención obstétrica.

También se exige la aplicación de los presupuestos en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres, pues se habían destinado recursos que a la fecha poco se ha visto de su aplicación.

Además se exige que el Instituto para la Profesionalización del Personal, que se había creado con el anterior secretario, Juan Antonio Nemi Dib, y que desapareció con Antonio Benítez Obeso, regrese a sus funciones.