Cinco muertos, siete heridos, más de 70 detenidos y al menos cinco personas desaparecidas dejó como saldo un enfrentamiento armado entre policías del Sistema de Seguridad Ciudadano (SCC), integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y miembros del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo Social del Estado de Guerrero (FUSDEG).

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, los integrantes de ambas organizaciones, con sistemas de policías comunitarias, coinciden en que los hechos ocurrieron alrededor de las 22:40 horas del lunes pasado en la comunidad de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, a una hora y media de la capital de Guerrero.

Sin embargo, tanto la UPOEG como el FUSDEG se acusan mutuamente de que un grupo emboscó al otro.

La comunidad donde ocurrió el enfrentamiento es clave para la UPOEG, porque de ese lugar son varios elementos de la agrupación. El 25 de marzo de 2013 fue asesinado en ese poblado el comandante Guadalupe Quiñones Carbajal, luego que denunció actos de la delincuencia organizada. Para la UPOEG esa muerte se convirtió en el estandarte de su lucha.

En torno a las versiones encontradas, Crescenciano Ramírez López, promotor comunitario del FUSDEG, señaló que se trató de una emboscada y mostró varios vehículos de la agrupación con disparos directos de armas de fuego.

Aseguró que estaban reunidos con gente de la comunidad sobre la carretera interestatal que conduce a Ayutla, en la Costa Chica, cuando un grupo de unos 40 policías de la UPOEG en cuatro camionetas los atacaron.

No obstante, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG —cuyo sistema de seguridad tiene presencia en 16 municipios de la Costa Chica, Montaña y región Centro y opera desde hace dos años y cuatro meses con 4 mil policías, según sus cifras—, dio una versión diferente, dijo que ellos “estaban reunidos en asamblea cuando llegaron (los del FUSDEG); fue una emboscada”.

Sin embargo, integrantes del FUSDEG —un sistema cuyos miembros provienen en su mayoría de la UPOEG y se conformaron en otra agrupación porque desde el año pasado denunciaron actos de tortura y prácticas de “policías ministeriales” de sus ex compañeros— señalaron que la prueba de que fue una emboscada es que sus tres muertos “cayeron de inmediato”.

Crescenciano Ramírez comentó que los policías eran habitantes de Mohoneras, La Haciendita y Xaltanguis, mientras que Plácido aún no precisa de dónde eran los dos elementos de la UPOEG que cayeron en el enfrentamiento. Además, Ramírez aseguró que cuando se iban los policías de la UPOEG con armas de grueso calibre dispararon contra ellos; sus elementos se defendieron con sus escopetas. El fuego cruzado duró media hora.

Ramírez expuso que esa comunidad, San Juan del Reparo, tenía interés de sumarse a la propuesta del FUSDEG, pero “eso a Plácido y a sus comandantes no les gustó”.

El FUSDEG se conformó en enero pasado y tiene 800 policías, que operan en Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, ocho comunidades de Chilpancingo y Ayutla.

Al lugar del enfrentamiento llegó personal de la Secretaría de Protección Civil, que trasladó a cinco personas heridas por las balas al hospital general Donato G. Alarcón de Acapulco: Rafael Morales, Fermín Juárez, Nicolás Nava, Rosalino Vargas, Rogelio Valle y un sexto que estaba en calidad de desconocido; la Secretaría de Salud reportó como grave el estado de salud de cuatro, dos de ellos presentan heridas de arma de fuego en el cráneo.

Plácido expresó que luego de los enfrentamientos sus comandantes detuvieron a 32 personas, quienes serían liberadas en el transcurso del día en comunidades de los alrededores de Tierra Colorada, mientras que el FUSDEG detuvo a unos 40 policías que también serían entregadas ante la presencia de integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso acordaron ambas organizaciones.

Hasta ayer a las 20:00 horas, se dio a conocer que únicamente los policías del FUSDEG habían sido liberados en su totalidad.

A las 15:00 horas arribó al crucero de San Juan, carretera que conduce por la vía libre hacia Acapulco, el director de la Policía Ministerial del Estado, Pablo Jasso Barrera, junto con peritos de le Fiscalía General del Estado, recogieron casquillos y verificaron cuatro camionetas del FUSDEG que tenían impactos de balas. Dijo que desconocía el móvil de los hechos.

A través de un escueto comunicado, la FGE informó que inició la “denuncia de los hechos”.

El FUSDEG se creó en enero, luego de que en junio de 2014, los comandantes de esta agrupación denunciaron que había actos de tortura dentro de la UPOEG que apenas en enero de ese año había tomado la seguridad de ocho pueblos de Chilpancingo.

Padres de normalistas desaparecidos piden ayuda al narco para encontrar a sus hijos

Padres de los 43 normalistas rurales desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre pidieron el apoyo de Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos, para que los respalde en la búsqueda de sus hijos.

En carteles pegados en el crucero de Rancho del Cura, antes de llegar a la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, los jefes de familia dijeron que están dispuestos a reunirse directamente con el presunto capo, con la intención de hablar sobre la situación en que se encuentran sus hijos.

"Háganos saber de alguna manera cómo puede ayudarnos, estamos dispuestos a encontrarnos con usted si así lo desea", señala el mensaje dirigido hacia Mazari según se informa en una nota del periódico Milenio.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, explicó que el mensaje es una respuesta a las mantas que El Carrete colocó en diferentes municipios del estado de Morelos a mediados de febrero.

En una de las mantas, El Carrete se deslindó de los ataques cometidos por la policía de Iguala y una célula de Guerreros Unidos, y apuntó que estaba dispuesto a dialogar con los padres, "para quitarles la venda de los ojos".

El padre de familia sostuvo que el llamado a El Carrete no es más que un reflejo de la desesperación en que se encuentran.

Los familiares pidieron al presunto criminal que si en verdad tiene información sobre el paradero de los 43 normalistas, busque la manera de hacerles llegar los datos que necesitan.

"Si dice que está dispuesto a dialogar con los padres, no me importa quién sea; si tiene algo que aportarme, pues que lo haga, que nos diga dónde y nosotros vamos a buscarlo", dijo Navarrete.

De hecho dejaron un número celular para que Mazari Hernández los busque.

El Carrete es sobrino del diputado local del PT en Morelos Alfonso Miranda Gallegos, quien es investigado a niveles federal y estatal por diversos delitos y no ha podido ser desaforado.

De acuerdo con la investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) ha realizado por la desaparición de los 43 normalistas, la dependencia cuenta con el testimonio de un presunto delincuente que aseguró que El Carrete "pagó" a José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por enviar a los estudiantes a realizar "desmadres" a Iguala el 26 de septiembre de 2014.

En su declaración ministerial, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, señaló que al interrogar a uno de los normalistas, éste le reveló que la presencia de los estudiantes en Iguala fue porque los envió El Carrete, quien a su vez había pagado al director de la escuela rural.

El estudiante, según El Cepillo, le manifestó que "los desmadres" que pretendían llevar a cabo en Iguala, iban a hacerlos en coordinación con integrantes de Los Rojos.

Eso provocó que la PGR abriera una nueva línea de investigación y que invitara al director de la normal a comentar si sabía algo sobre el tema.