Xalapa, Ver.- (AVC) El fiscal general del estado, Luís Ángel Bravo Contreras, entregó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León, por el delito de violencia familiar equiparada.

El funcionario dijo que hay las pruebas suficientes para actuar contra el edil, pero se hace necesario que se retire el fuero constitucional.

A diferencia del caso de Medellín, en el que se hizo acompañar por varios tomos de información, en esta ocasión solo presentó un pequeño paquete de hojas en el que sustento su petición.

En entrevista a su arribo a las instalaciones del Palacio Legislativo, reconoció que no podía aportar muchos datos del caso, pero, refirió, en los medios de comunicación se ha ventilado el caso y los motivos que derivaron en una investigación ministerial contra el priista.

“El nuevo sistema de Justicia me obliga a ser parco, no puedo revelar datos, pero el hecho lo conocen, efectivamente hubo una denuncia de una mujer que se dijo agredida por el alcalde de Fortín, seguidas las investigaciones en tiempo por demás ágil, el Ministerio Público concluye que si hay elementos para proceder en contra del alcalde”.

Sin embargo, dijo, la inmunidad constitucional lo ataba de manos y no podía actuar, por lo que acudió al Congreso local a solicitar que se le retirara el fuero, poder proceder contra el edil priista.

El Fiscal comentó que una vez que se obtengan la anuncia de parte del Congreso se pedirá a un juez tomar las medidas necesarias contra el alcalde.

Descartó que el tema de Fortín sea una moneda de cambio por el caso de Medellín, en donde se le sigue el mismo proceso al alcalde con licencia Omar Cruz, “yo no soy político soy jurista, se los he dicho mil veces y la ley se aplica sin distingo de origen político, sentimental o afectivo, la ley es la ley y quien la viola tiene que enfrentar la justicia”.

Al ser cuestionado si era necesaria una recomendación a los alcaldes para que respeten la ley, al ser el segundo caso de desafuero en lo que va del presente año, externó que a lo único que la ley lo obliga es hacer cumplir la ley.

En ese sentido, afirmó, cuando un delito se comete de parte de cualquier persona sin importar su oficio y origen, se debe indagar el hecho y sancionar  a los responsables del ilícito, “caiga quien caiga”.