México, D.F.- El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la Minuta que reforma y adiciona los artículos 25, 73, 79, 108, 116  y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Dicho dictamen fue elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, que preside el senador Pepe Yunes Zorrilla, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, y sometido a consideración del Pleno este martes 17 de febrero.

En su intervención en tribuna a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Pepe Yunes manifestó que el Senado de la República ha actuado responsablemente desde que inició la LXII Legislatura, para mejorar el marco normativo relativo al endeudamiento público estatal y municipal.

Destacó que si bien la deuda agregada de estados y municipios no es considerada en niveles de riesgo, sí es elevada, equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional durante 2014.

El endeudamiento –expuso el Senador por Veracruz– es un instrumento que, utilizado de manera prudente y transparente, contribuye a generar condiciones para un crecimiento económico y del empleo sostenible y, con ello, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

“El crecimiento económico sostenible que permita a los mexicanos mejorar su nivel de vida, debe fundarse en un manejo adecuado y disciplinado de la Hacienda pública. Si bien el manejo responsable de las finanzas públicas no genera, por sí sólo, las condiciones suficientes para lograr el crecimiento económico sostenible, sí es un elemento fundamental para lograr ese objetivo.

“Es por ello de la mayor importancia establecer, en el orden constitucional, que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, señalando que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deben observar dicho principio”, aseveró el representante popular.

Esta reforma –continuó– fortalecerá las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de deuda pública y para dictar las bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación en favor de las entidades federativas.

Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible, transparente y productivo de las finanzas públicas en la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal.

También se faculta al Congreso en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, así como especificar que, en los casos en que los estados y los municipios tengan empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación, el Congreso de la Unión fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

De igual manera, se estipula que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a su refinanciamiento o reestructura, debiendo realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.

La reforma dispone que las legislaturas locales deberán autorizar, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Un punto fundamental, enfatizó el Senador de la República, es la creación de una comisión bicameral como un instrumento para la aplicación eficaz de las reformas en la materia de disciplina financiera de estados y municipios. “La pertinencia de contar con la comisión bicameral consistirá en analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y poner a consideración las observaciones que estime pertinentes”.

En materia de responsabilidad hacendaria de entidades federativas y municipios, y particularmente en materia de endeudamiento público, las atribuciones de la comisión bicameral contribuirán plenamente para lograr la plena vigencia de las reformas que se proponen.

“Tenemos la oportunidad de generar condiciones jurídicas para cimentar una disciplina financiera que permitirá encauzar provechosamente el destino de los recursos públicos en actividades productivas, que logren impulsar el desarrollo que impacte la condición de vida de los habitantes de los estados y de los municipios de la República Mexicana”, agregó el Senador por Veracruz.

Construir responsablemente un marco jurídico adecuado a la dinámica financiera y económica de estados y municipios, “es una tarea de la mayor importancia con la que estamos contribuyendo en generar mejores condiciones para el crecimiento sostenido de estados y municipios y en consecuencia de la Nación”, finalizó Pepe Yunes.