A cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la Procuraduría General de la República (PGR) dio por finiquitadas las distintas líneas de investigación que en su momento se iniciaron en torno al caso, tras concluir, a partir de los peritajes, declaraciones y trabajo de inteligencia, que las víctimas fueron asesinadas por el crimen organizado.

Autoridades ministeriales indicaron al diario 24 Horas que en el próximo encuentro con la comisión de los padres de las víctimas se presentarán las conclusiones de la indagatoria, quedando pendiente el tema de los resultados de exámenes de ADN en Europa.

En octubre pasado, cuando la PGR inició la averiguación previa por este caso se plantearon varias hipótesis sobre el destino de las víctimas, entre ellas que estuvieran aun privados de su libertad en un punto de seguridad, o que por lo menos un grupo de los normalistas siguiera con vida en otra zona.

Sin embargo, según lo dicho por la dependencia federal, no se cuenta con un solo dato sustentado en elementos de prueba verificables que apunte a que los 43 estudiantes habrían sobrevivido más allá de las primeras horas del 27 de septiembre pasado.

En cambio la PGR tiene cinco declaraciones ministeriales, todas ellas de integrantes de distinto nivel del grupo criminal Guerreros Unidos, siendo los de mayor jerarquía Sidronio Casarrubias y Felipe Rodríguez, El Cepillo, que sostienen que los jóvenes plagiados fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

De acuerdo con la nota del diario 24 Horas, ninguno de los declarantes fue preciso en el número exacto de las víctimas, pero el Ministerio Público reunió evidencia pericial de distintas especialidades, desde estudios del terreno hasta el hallazgo de restos humanos, que consolidaron la hipótesis del homicidio e incineración. Un examen de ADN confirmó la identidad de una de las víctimas.

Respecto a otras aristas, según el dicho de las autoridades, el avance fue nulo. El gabinete de seguridad integró una mesa conjunta para fusionar datos de inteligencia por este caso y se ordenó, junto con organizaciones civiles, una búsqueda en más de 600 puntos dentro de un perímetro de 100 kilómetros a la redonda de Iguala. Los resultados fueron negativos.

El expediente del llamado “Caso iguala”, abierto por la SEIDO bajo el número de averiguación previa primordial PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, está compuesto por un total de 82 tomos y 15 anexos, y contiene casi 450 dictámenes periciales de una decena de especialidades distintas, así como los resultados de 17 cateos y análisis forenses a 94 equipos telefónicos.

Se recabaron en total 387 declaraciones ministeriales, se giraron 221 órdenes de aprehensión, y hasta el día de hoy suman 99 las personas detenidas.

Comparado con el llamado caso Colosio, una de las indagatorias de mayor envergadura que la PGR ha llevado a cabo en las últimas décadas, se advierte el volumen del trabajo realizado. Por ejemplo, los 450 dictámenes de este caso ya superan a los 326 peritajes que se realizaron por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI.

El expediente Colosio, según las cifras reveladas por la misma PGR, suma 174 tomos con mil 460 declaraciones, trabajo realizado en un periodo de seis años de investigaciones. El expediente Iguala acumuló la mitad de tomos sólo en cuatro meses.

La semana pasada fueron encarceladas dos personas más ligadas con el caso, con lo que ya son 99 los detenidos. Uno de ellos fue Felipe Rodríguez, sicario de Guerreros Unidos, quien confesó que actuaron en colaboración con policías locales para asesinar a los jóvenes retenidos el 26 de septiembre.

La PGR también procedió en contra de Magaly Ortega Jiménez, ex asesora jurídica del director de Seguridad Pública de Cocula, y que, según las indagatorias ministeriales, tiene vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y con la desaparición forzada de los estudiantes.

Entre las personas que aún no han sido capturadas, destaca el ex director de Seguridad Pública del Municipio Felipe Flores Velázquez, y el lugarteniente de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo.

Peritos se niegan a relacionar calcinados con normalistas desaparecidos

El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) que trabaja con la PGR como grupo de expertos independientes, avalado por familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, dijo que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto al río San Juan, en el municipio de Cocula, con los sucesos que —de acuerdo a la versión oficial— tuvieron lugar en el basurero de ese mismo municipio guerrerense.

En un despacho de la agencia de noticias AP que difundieron portales de internet y medios de información internacionales, los argentinos, los únicos peritos independientes autorizados a trabajar en los mismos lugares y con las mismas evidencias que la PGR, confirmaron la identificación de los restos de Alexander Mora, único —de los 43 desaparecidos— cuyos restos han sido identificado hasta ahora.

Según otra nota del periódico Crónica, en las declaraciones que reproduce la agencia los peritos argentinos recordaron, como lo habían dicho en su comunicado del 7 de diciembre, que la evidencia que une el basurero con los restos encontrados en el río –donde según la PGR estaban las bolsas con huesos y cenizas materia de los peritajes— “es esencialmente testimonial” y, por tanto, no ofrece la necesaria “certidumbre científica”.

El despacho de la agencia norteamericana de noticias recuerda que la PGR sostiene que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 un grupo de policías locales de las localidades de Iguala y Cocula atacó a un grupo de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, con resultado de seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos.

Añade que –de acuerdo con tal versión— policías detuvieron a los 43 y supuestamente los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos quienes los llevaron al basurero de Cocula, hicieron una gran hoguera, calcinaron los cuerpos e intentaron borrar toda evidencia del crimen metiendo los restos y cenizas en bolsas y arrojándolas al río.

Las autoridades localizaron una de esas bolsas junto al río San Juan y de ella extrajeron las 17 muestras que la fiscalía envió a la Universidad de Innsbruck para su análisis.

Refirió que hasta el momento, el laboratorio austriaco solo ha podido identificar un trozo de hueso, que correspondía al estudiante desaparecido Alexander Mora, pero no pudo extraer ADN del resto porque el calor dañó la información genética. No obstante, van a realizar nuevas pruebas.

“Para el procurador mexicano, Jesús Murillo Karam, la identificación de Mora, las declaraciones de varios detenidos y otros datos que no especificó, son pruebas suficientes para decir que en el basurero de Cocula “mataron por lo menos a uno”. Eso “me hace pensar que ahí fue todo”, expresó el funcionario.

Añade la información de la agencia estadunidense:

“Sin embargo, Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, y varias organizaciones de la sociedad civil tienen dudas sobre la versión oficial: Amnistía Internacional la tachó de “endeble” y “apresurada”; y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México no ven factible que se pueda calcinar a 43 cuerpos en una hoguera al aire libre y en un lugar como un basurero.

El grupo de argentinos sigue trabajando en las labores de identificación y en las evidencias extraídas del basurero para intentar dar respuestas científicas a las familias sobre el destino de sus hijos.

Militares nunca intervinieron para detener a agresores de normalistas

¿Qué hicieron los soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, cuando 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala? MILENIO pudo reconstruir paso a paso, cada hora, las acciones de los militares.

De acuerdo con información que consta en el expediente del caso elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), a la que tuvo acceso este reportero, así como testimonios recabados con algunos oficiales y elementos de tropa del 27 Batallón de Infantería destacamentados en esta ciudad, la noche del 26 de septiembre los militares estaban al tanto de lo que estaba aconteciendo en este lugar: las agresiones a balazos contra los normalistas.

La mayor parte ocurrió a una distancia de dos kilómetros en línea recta del cuartel, según se informa en otra nota del periódico Milenio.

Más tarde, luego de los tiroteos, los militares tuvieron contacto con varios estudiantes en dos instalaciones médicas: el Hospital General y el Hospital Cristina, cercanos a su cuartel.

De la investigación periodística se desprende que los soldados no detuvieron ni trasladaron a ninguno de los normalistas que estaban en esos hospitales aquella noche ni en la madrugada del día siguiente porque, hoy se sabe, se trataba de... sobrevivientes de los violentos acontecimientos perpetrados por policías y criminales sin uniforme.

Personal médico, administrativo y de enfermería consultado también por MILENIO confirmó que los soldados únicamente verificaron la identidad de los heridos y, al percatarse que se trataba de estudiantes y no de delincuentes, no procedieron de ninguna forma contra ellos.

Al comienzo de los acontecimientos, el secretario de Seguridad Pública del municipio, Felipe Flores (hoy prófugo), mintió: vía telefónica dijo que no tenía conocimiento de ningún incidente con estudiantes de Ayotzinapa, aseguró que sus elementos estaban apostados en las entradas de la ciudad y, a pregunta expresa del comandante del Batallón, José Rodríguez Pérez, negó que él o sus hombres hubieran detenido a algún normalista. Hoy se ha confirmado que sus policías y los de Cocula capturaron a los estudiantes y los entregaron a criminales del cártel Guerreros Unidos, conforme a lo asentado en las averiguaciones de la PGR.

El gobierno de Guerrero se negó a intervenir cuando los hechos ya estaban en desarrollo, de acuerdo con una conversación telefónica que sostuvo el mismo comandante militar con José Adame Bautista, coordinador operativo de la Policía Estatal en la zona norte, a la cual pertenece Iguala. Sobre el despliegue de sus elementos, el funcionario dijo: “No van a salir hasta que me lo ordenen mis superiores”, cosa que no ocurrió.

Los soldados no intervinieron en las balaceras que hubo porque, de acuerdo con las normas que los rigen (citan los militares los artículos 21 y 115 constitucionales), tienen que hacerlo a petición de la autoridad civil, lo cual no ocurrió, según explicaron oficiales a este diario. Cuando sí salieron a recorrer las calles fue ante denuncias ciudadanas anónimas (telefónicas) realizadas posteriormente a los hechos, las cuales alertaban sobre la aparición de cuerpos heridos o muertos en determinadas calles, así como a la presunta presencia de hombres armados al interior de un hospital, y a la “posible agresión de gente armada contra civiles”, dijeron.

Una docena de padres de los estudiantes se presentó en el cuartel del 27 Batallón de Infantería un día después de los hechos con el fin de solicitar a los soldados ayuda para hallar a 56 personas que hasta ese momento estaban perdidas. Según los testimonios de los soldados, los padres declararon en ese momento que tenían información de que los estudiantes habían sido levantados por policías de Iguala.

La noche de aquel viernes, la mayor parte de los militares estaba franca y en el cuartel solo permanecían de guardia 23 elementos, así como una Fuerza de Reacción compuesta por 21 soldados y 41 elementos de personal administrativo, entre cocineros, meseros, oficinistas y mecánicos.