Los estados pobres del sur del país son un barril sin fondo.

De 2000 a 2014, recibieron transferencias de la Federación por 2.5 billones a pesos constantes de 2014, pese a lo cual sus índices de marginación y pobreza no mejoraron sustancialmente.

En ese periodo, que abarca tres administraciones sexenales diferentes, Chiapas ha recibido, a pesos constantes de 2014, un total de 754 mil 254 millones.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en orden decreciente, Oaxaca obtuvo, en el mismo periodo, 598 mil 767 millones; Michoacán, 572 mil 396 millones, y Guerrero, 565 mil 830 millones.

Para este 2015, tan sólo de participaciones y aportaciones federales, a esos estados llegarán otros 193 mil 712 millones, a lo que deberán sumarse otros fondos regionales, proyectos y convenios que se detallarán en los próximos meses.

Aunado a ello, el presidente Enrique Peña anunció en noviembre, a raíz de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un Plan para el Desarrollo del Sur, donde destacó que se invertirán 195 mil millones de pesos en obras de infraestructura, como autopistas, hospitales y gasoductos.

Además, insistió en un proyecto para crear zonas económicas especiales en el Istmo de Tehuantepec, en Puerto Chiapas y en los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas.

Con las transferencias a estados y la obra pública federal, de 2000 a 2015 se habrán invertido en las cuatro entidades 2.9 billones de pesos, lo que contrasta con los avances marginales que han tenido en desarrollo y combate a la pobreza.

Según estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2010 y 2012, en Chiapas disminuyó 2.2 por ciento la población en pobreza, y otro 13.6 por ciento, la que está en pobreza extrema.

Sin embargo, esto implica que 3 millones 782 mil personas, aproximadamente el 74.7 por ciento de la población chiapaneca, aún se hallaba en situación de pobreza.

Con todo y la disminución, Chiapas ocupó el primer lugar de pobreza extrema en el país.

Para Oaxaca y Guerrero, el panorama ha sido similar.

En 2012, en Oaxaca se contabilizaron 2 millones 343 mil pobres, lo que equivale al 61.9 por ciento de la población del Estado, cifra idéntica a la registrada en la medición de pobreza de 2008.

En tanto, en Guerrero, entre 2010 y 2012, se incrementó en 116 por ciento la carencia de la población en servicios básicos en vivienda, como acceso al agua, a la electricidad, al drenaje y al combustible.

Atribuyen pobreza a opacidad

Los pocos avances en la reducción de la pobreza de Chiapas, Oaxaca y Guerrero pese a la inversión millonaria federal en los últimos años son resultado de la opacidad con que se manejan los recursos y la desigualdad que existe en las tres entidades, advirtieron especialistas.

Sergio Bárcena Juárez, investigador del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, planteó que en dichos estados existe una tendencia de dirigir los recursos públicos en función a un reparto electoral y no bajo una estrategia encaminada a reducir los niveles de marginación y pobreza.

"El problema en la política enfocada a esas entidades es que tiene la característica de que es altamente opaca. Los Congresos estatales no pueden hacer una eficiente tarea de vigilancia sobre los Gobernadores, quienes son actores muy poderosos y hacen un reparto discrecional de los programas, por más blindados que estén, encuentran la forma de hacer un reparto electoral y eso definitivamente mina la posibilidad de desarrollo", consideró.

El profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales externó que la demografía de las tres entidades también influye en la distribución de recursos públicos debido a que algunas regiones, que concentran los mayores índices de pobreza, están muy alejadas de centros urbanos de desarrollo e incluso carecen de vías de comunicación.

María Cruz, gerente de Coinversión en Oxfam, México, destacó que los esfuerzos para reducir la pobreza tienen que estar apegados a una política focalizada de acuerdo a las características de cada región.

"Chiapas, Guerrero y Oaxaca históricamente han representado los más bajos índices de marginación y los más bajos en desarrollo humano. Nosotros desde Oxfam creemos que tiene que ver con la desigualdad", expuso la especialista.

"Para lograr una mejor aplicación de recursos, creemos que primero tendría que haber una planeación regionalizada. No puedes tener políticas generalizadas porque la pobreza misma es diversa.

"Tendría que haber una diferencia en la política pública y se tiene que avanzar en el desarrollo de las capacidades de las personas, en la participación ciudadana y de esta forma ir abatiendo estos rezagos tan altos", externó.

Bajo este modelo, explicó, actualmente Oxfam México implementa proyectos en estas tres entidades para incidir en la mejora de políticas públicas a través de temas de justicia alimentaria, creando un puente entre el Gobierno y la sociedad.

De esta manera, dijo, los Gobiernos también se ven favorecidos porque contribuyen a negociar recursos públicos como un derecho ciudadano con fondos gubernamentales y en los cuales se pueden adquirir esquemas de transparencia para seguir la ruta que tiene cada inversión.

Podrían desviarse beneficios de tarjetas Sin Hambre

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social recomendó al gobierno federal revisar la viabilidad de las Tarjetas Sin Hambre, al considerar que existe el riesgo de que los beneficiarios revendan los alimentos obtenidos en lugar de consumirlos.

“La Tarjeta Sin Hambre tiene la intención de aumentar el consumo de productos nutritivos entre la población en pobreza.

Será importante realizar un monitoreo constante para constatar que los productos no son revendidos o usados como insumos de producción en otros negocios”, refiere Coneval en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aseguró que no hay evidencia de que se estén utilizando las tarjetas para un beneficio monetario, aunque afirmó que convocará a mesas de trabajo para diseñar un mecanismo que impida la mala utilización del apoyo.

De acuerdo con Sedesol, hasta la fecha 1.75 millones de beneficiarios cuentan con la Tarjeta Sin Hambre, con la que se pueden adquirir 14 productos básicos con alto valor nutricional, a precios preferenciales.

Sedesol diseñará un mecanismo que impida la mala utilización de ese apoyo.

Según otra nota del diario Excélsior, el secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Omar Garfias Reyes, explicó que desde que empezó a operar esa tarjeta para adquirir alimentos en las tiendas Diconsa no se han detectado casos de personas que revendan los productos ni que éstos sean utilizados para otros fines.

Pero admitió que existe el riesgo de que no se cumpla el objetivo de comprar alimentos que mejoren la nutrición de los beneficiarios, por lo que la Sedesol tomará en cuenta la recomendación del Coneval a fin de tener un sistema de monitoreo.

En entrevista, detalló que a mediados de este  mes llevarán a cabo una reunión exclusivamente para atender esa situación de riesgo, a fin de mejorar ese programa de ayuda alimentaria y evitar que se presenten casos de ese tipo.

“La recomendación no es producto de una evidencia, no es producto de un caso comprobable, sino de una posibilidad que vislumbra el examinador del programa; no hay ninguna encuesta que lo compruebe y que suceda, sino solamente al ver la operación a Coneval le surge la idea de que se corre ese riesgo y por eso la recomendación no se hace por un hecho, sino para evitar que pudiera suceder”, aseveró Omar Garfias.

Señaló que para establecer ese mecanismo de vigilancia, los encargados de Diconsa y Prospera, quienes operan la Tarjeta Sin Hambre, deben prever cuáles serían las causas que llevarían a revender los productos y a partir de ello tomar las prevenciones, “porque debemos identificar las causas para tomar las soluciones”.

Reconoció que existe el riesgo y mientras mejores formas de implementación tenga la tarjeta y la Cruzada habrá mejores resultados, “y por ello lo tomamos en cuenta”, ya que el Coneval presentó ese informe a mediados de diciembre de 2014 y “de inmediato tomamos esa recomendación, de modo que no sólo ésa, sino todas las que nos plantean; estamos viendo cómo mejoramos la implementación”, aseguró.

También dijo que esas previsiones son buenas porque anticipan fenómenos que ponen en riesgo las metas de los programas en vez de esperar que ocurran.

De acuerdo con cifras de la Sedesol, 1.75 millones de personas tienen la Tarjeta Sin Hambre, con la que las familias pueden adquirir 14 productos básicos con alto valor nutricional a precios preferenciales en las tiendas Diconsa.

Los beneficiarios reciben en sus tarjetas transferencias monetarias por 638 pesos mensuales, con lo que pueden adquirir harina de trigo, harina de maíz, leche en polvo, chocolate, frijol, maíz, arroz, avena, aceite, atún, chiles, sardina, café y huevo.

“El objetivo es que las familias que viven en pobreza extrema de alimentación, en comunidades alejadas, tengan un beneficio directo que les garantice la ingesta de alimentos nutritivos”, señala la dependencia federal en el sitio de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Omar Garfias subrayó que el propósito es que esas personas consuman más proteínas, porque su dieta es alta en calorías, pero ello no reduce su desnutrición y por tanto los productos que se les venden fueron seleccionados por el Instituto Nacional de Nutrición.