Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) En la construcción del  ducto de gas natural a cargo de  la empresa Gas Natural Industrial (GNI) que pasará por la zona urbana, del municipio de San Rafael, tienen responsabilidad los tres gobiernos, municipal, estatal y federal, afirmó el procurador federal de Protección al Ambiente, Eduardo Aubry de Castro Palomino.

Recalcó que la Profepa se encuentra en comunicación constante con el presidente municipal de San Rafael, Héctor Lagunes Reyes, para conocer los avances o problemática derivada de la construcción del ducto, luego de que un grupo de pobladores se oponen por los riesgos que con lleva la infraestructura.

Según de Castro Palomino, en caso de detectar que la construcción del ducto de gas natural que pasará por la  comunidad de Sementeras hasta Paso Largo del municipio de San Rafael, viole la ley del medio ambiente, la Profepa procederá  a sancionar a la empresa GNI.

“Hemos estado en contacto con el alcalde de San Rafael para ver varios temas, en este caso si hay un proyecto de carácter federal, si va a intervenir de alguna manera con el medio ambiente; en  ese momento se daría verificación de que se está cumpliendo o a través de un acta circunstancial de que no, y se procede a sancionar”, expuso.

El funcionario dijo que al gobierno federal le corresponde supervisar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y se cumplan con las condicionantes de construcción.

“Esa es la competencia de la Profepa, independientemente de los demás permisos que tuviera que obtener la empresa constructora que fueran de carácter estatal o municipal, la competencia de la Profepa se basa, únicamente en verificar un manifiesto de impacto ambiental que cuente con los permisos ambientales necesarios”, afirmó.

Aclaró que en la construcción del ducto para la trasportación de gas natural, los demás permisos estatales o municipales corresponden a las autoridades competentes, en este caso de lo estatal, la secretaría del Medio Ambiente si emite algún tipo de permiso, si fuera su competencia, y la procuraduría estatal del Medio Ambiente su trabajo es supervisar.

En el caso de los ayuntamientos, si el cabildo otorga algún permiso, ellos tendrán que supervisar si la empresa GNI cumple con los lineamientos del reglamento municipal.

“Ahí es como se van deslindando las competencias y las facultades de cada uno, de los tres niveles de gobierno, en cuanto a las obras que se fueran haciendo en San Rafael”, finalizó.