San Rafael, Ver.- (AVC) La empresa constructora encargada de la construcción del gasoducto en San Rafael denunció a varias mujeres y hombres que han participado en las manifestaciones en contra de la obra, por presuntos delitos de amenazas.

Mario Gutiérrez y María del Rocío Celis son dos de los inconformes del gasoducto que ya tuvieron que comparecer en la Agencia del Ministerio Público Investigador por el delito antes mencionado.

Pero, a pesar de las “represalias”, los sanrafaelenses han dejado en claro que no bajarán la guardia y que seguirán defendiendo sus derechos, pues la obra atenta contra la integridad de todos los que habitan en la zona del trazo.

Según lo informado por los inconformes, será este miércoles a las 18:00 horas cuando el resto de los denunciados se presenten a comparecer ante la autoridad ministerial y cuando se realice otra manifestación contra lo que han llamado el “gasoducto de la muerte”, una obra que se construye sobre la carretera federal 129 (Amozoc –Nautla) y que, a decir de los habitantes, es altamente peligrosa para las 15 comunidades por las que estaría cruzando.

Cabe mencionar que, en diversos escritos, imágenes y videos que han sido enviados a los medios de comunicación, en los que ponen gráficos ejemplos de todos los riesgos que representa una obra como esta, los integrantes de la “Red de ciudadanos unidos contra el gasoducto” también llaman a los pobladores de esta región a manifestarse contra la empresa juguera que se verá beneficiada con este proyecto y contra los funcionarios y dependencias que han dado permisos para que se ejecute.

En un uno de los múltiples correos, los inconformes piden a los habitantes de los municipios ya mencionados que se exija a la “Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Nautla, SA de CV”, y a las autoridades encargadas del rubro que el gasoducto no pase por la zona agrícola, ya que eso pondría en riesgo la vida de todas las personas que viven en Mentidero, El Ojite, San Rafael, Cementeras, Potrero Nuevo, Tepetates, Emiliano Zapata, María de la Torre, Progreso, Brinco del Tigre, Villa Nueva, Cañizo y Martínez.

Además, aseguran que a la empresa juguera beneficiada, Citrofrut, les sale más barato pagar derecho de vía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que pagar derecho de paso a los agricultores y ganaderos de esta zona, a quienes les recalcan que estarían expuestos a una explosión como las registradas en diversos estados de la república y ciudades del mundo, en las que obras de este tipo han dejado múltiples daños a la integridad física y patrimonial de miles de familias.