Sin cambio alguno, el Senado aprobó anoche la minuta con las leyes que regirán los ingresos para el Estado, en el nuevo esquema de apertura al capital privado del sector energético.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, fueron más de 11 horas de discusión en la que PRD y PT advirtieron que se trata de una legislación que pone en riesgo la renta petrolera, establece un régimen ‘‘de privilegio’’ para las empresas extranjeras, mientras endurece la carga impositiva a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mayoría que PRI, PAN y PVEM han mantenido en la discusión, primero de la reforma energética y ahora de la leyes secundarias, se impuso nuevamente para rechazar los cambios propuestos por perredistas y petistas a fin de que se fijara un tope de 20 por ciento en la apropiación de la renta petrolera por parte de las compañías trasnacionales, límites en la deducción de sus costos y la obligación de que asuman los riesgos y que éstos no se trasladen al Estado.

No aceptaron siquiera que se incluyera una definición puntual de ‘‘renta petrolera’’, como pidieron una y otra vez los legisladores de oposición. Rechazaron también establecer que los contratos para explotar petróleo y gas ‘‘no podrán tener una vigencia mayor a 20 años’’.

El senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que ‘‘les dan todo’’ a las multinacionales petroleras, mientras se lleva a Pemex a su desmantelamiento total.

Antes de esa sesión dentro del periodo extraordinario, los senadores del PRD volvieron a protestar y, como han hecho antes, colocaron un mensaje en las ventanas de sus oficinas que dan a la explanada de la sede senatorial. Incluyeron los logos del PRI y del PAN, seguidos por la frase ‘‘México no los perdonará’’.

El dictamen –quinto de la ley reglamentaria en materia energética–, que incluye las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos, la del Fondo Mexicano del Petróleo, de nueva creación, y que reforma las leyes Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal, se aprobó en lo general con 94 votos en favor y 25 en contra.

A los priístas y sus aliados se sumó el senador perredista Fernando Mayans Canabal, crítico siempre feroz de la privatización de Pemex, que ayer se sumó por los recursos extras que recibirán los estados.

La sesión se inició pasado el mediodía, y durante las 12 horas siguientes una y otra vez los 25 senadores perredistas y petistas argumentaron sobre los riesgos de esa legislación, pero la mayor parte del tiempo en un salón de sesiones casi siempre vacío, ya que priístas, panistas y verdes sólo regresaban cuando se iba a verificar el quórum o para votar.

La perredista Dolores Padierna, una de las que más subieron a tribuna, reclamó que ‘‘en esa maldita ley’’ –la de Ingresos de los Hidrocarburos– no se fijara el tope máximo de la renta petrolera que se podrán llevar los consorcios extranjeros, a los que se ha fijado un régimen fiscal de excepción, ya que además de muy pocos impuestos, de que sólo deberán pagar regalías por 14 por ciento, se les condona el IVA y, a través de un concepto llamado ‘‘utilidad operativa’’, podrán deducir costos, gastos e inversiones, por lo que obtendrán ‘‘ganancias jugosísimas’’.

Su correligionario Armando Ríos Piter resaltó que, aunado a ello, las petroleras privadas contarán con ‘‘consolidación fiscal’’, lo que les permitirá que les regresen impuestos en exploración y explotación en aguas profundas.

El también senador perredista Alejandro Encinas recalcó que mientras las trasnacionales extranjeras tendrán un margen de utilidades netas de 26 por ciento, las pérdidas para Petróleos Mexicanos serán de menos 5 cinco por ciento. Propuso modificar los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos de los Hidrocarburos, para que ‘‘en ningún caso las contraprestaciones a favor del Estado puedan ser menores a 80 por ciento’’.

Por su parte, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que esa legislación provocará el colapso de las finanzas públicas, ya que el trato diferenciado que se aplicará a Pemex puede generar un ‘‘hoyo fiscal’’ de entre 200 mil y 800 mil millones de pesos, toda vez que al reducir su participación en los proyectos de explotación disminuirán sus aportaciones al Estado y no podrá seguir sosteniendo el presupuesto nacional.

El senador del PVEM Luis Armando Melgar respondió a los perredistas que el régimen de las empresas extranjeras es distinto porque vendrán a ‘‘compartir riesgos con Pemex’’.

A su vez, el priísta Miguel Romo comentó que para su grupo parlamentario ‘‘el Estado mexicano capturará toda la renta petrolera en beneficio de los población y los estados y municipios donde se lleven a cabo la extracción y la exploración también se verán favorecidos al implementarse un impuesto por el que recibirán recursos adicionales para resarcir afectaciones al entorno social, ambiental y ecológico que pudieran sufrir por esta actividad’’.

Igualmente, la senadora del Partido Revolucionario Institucional Blanca Alcalá sostuvo que la carga fiscal de Pemex no se incrementó y, por el contrario, se redujo el número de derechos que la paraestatal pagará.

Dijo que aun con el dividendo de 30 por ciento que deberá pagar, Petróleos Mexicanos mantendría una utilidad neta de 39 mil 375 millones de pesos.

Entonces, el perredista Fernando Mayans Canabal subió a tribuna para justificar su voto en favor de la reforma, en razón del incremento de los fondos de extracción de hidrocarburos, que pasarán de 0.65 a 0.87 por ciento para los estados productores, lo que beneficia a Tabasco, entidad a la que representa en esta cámara.

Senadores perredistas como Alejandro Encinas difirieron de lo dicho por Mayans. ‘‘No habrá tales recursos’’, sostuvieron. Otro legislador tabasqueño, Adán Augusto López, de plano votó en contra. El dictamen, el quinto de los seis de la reforma energética, fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.

Prepara PRD amparos contra la reforma energética

Expresiones del Partido de la Revolución Democrática alistan una batalla legal, con amparos, para defender a los trabajadores del campo de las disposiciones de la reforma energética que, según los perredistas, violentan el principio de propiedad al permitir la expropiación de tierras comunales y ejidales.

Según otra nota del diario 24 Horas, encabezados por la corriente Unidad Democrática Nacional, organizaciones campesinas afiliadas al sol azteca informaron que a partir de la promulgación de las leyes secundarias, los campesinos tienen 30 días para ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sus tierras sean protegidas de las negociaciones de empresarios con el gobierno y evitar que sean compradas o rentadas para explotar petróleo o gas.

Al respecto, Pablo Arreola y Héctor Yescas, integrantes de la corriente perredista Unidad Democrática Nacional (UDENA), informaron que una vez que el Ejecutivo federal promulgue las leyes secundarias de la reforma energética, procederán a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cada uno de los 33 mil ejidos que existen en el país.

En conferencia en la sede nacional del PRD, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que no promulgue las nuevas disposiciones, porque estaría cayendo en el delito de traición a la Patria al entregar bienes y recursos naturales del patrimonio nacional a extranjeros.

Ante la inminente aprobación de la reforma al sector energético, los perredistas auguraron que prácticamente todas las propiedades, privadas, ejidales y comunales, quedarán sujetas a la expropiación.

“Con estas reformas se va a perder gran parte del empleo que genera la actividad agrícola y ganadera del país, al impulsar como actividad principal la extracción del petróleo. Las organizaciones campesinas tienen aún una labor muy importante de lucha y defensa de los energéticos, deben ser un instrumento de lucha, de organización para vencer este tipo de políticas”, declaró Arreola.

Esta defensa se suma a la que lleva a cabo el partido del sol azteca con la promoción de una consulta popular y que los ciudadanos elijan en 2015 el futuro de los energéticos.

El líder de UDENA, José Narro Céspedes, insistió que si el llamado a frenar esta reforma no es escuchado por el gobierno federal, tienen hasta 30 días para presentar juicios de amparo y de inconstitucionalidad “porque esta ley está violando un principio fundamental de la sociedad mexicana, que es el derecho de propiedad”.

“Vamos a prepararnos, tenemos un mes después de la publicación de estas leyes, vamos a presentar los recursos de amparo e inconstitucionalidad, estamos preparando las carpetas básicas y la documentación de cada uno de los ejidos para acudir a la Corte”, expresó el también dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.