Pablo Hiriart / Uso De Razón / El Financiero

Fueron encontrados 31 cadáveres en fosas clandestinas en el estado de Veracruz, en lo que es uno de los peores hallazgos de ajusticiamientos ilegales en el país, desde las fosas con migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas.

Por alguna extraña razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido singularmente omisa con las violaciones que de manera cruel y sistemática ocurren en Veracruz.

Ahí se violan los derechos humanos todos los días, en su expresión más brutal, y no pasa absolutamente nada.

Tanta indiferencia nos lleva a preguntar ¿qué arreglo hay entre la CNDH y el gobierno de Veracruz?

La Procuraduría de Justicia de ese estado informó que los hallazgos de las fosas se realizaron en una zona donde hay presencia de Los Zetas. ¿Y? ¿Eso sirve como explicación?

Señalar que las fosas están en territorio zeta revela doble falta de ese gobierno, porque es el encargado de hacer cumplir la ley en toda la entidad, y porque el origen del crimen se toma como pretexto para no resolverlo.

Además, ¿de veras fueron Los Zetas? ¿O fueron esos grupos paramilitares que de la nada aparecieron en Veracruz para “matarzetas”?

Hace un par de años pudimos ver en redes sociales a unos encapuchados que se hacían llamar matazetas y que operaban en el estado de Veracruz.

Lo anterior coincidió con un amanecer macabro en el puerto, con cadáveres tirados en una avenida importante, que supuestamente correspondían a halcones al servicio de Los Zetas.

¿Es ese grupo el autor de estos asesinatos y entierros clandestinos?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que intervenir, pero no lo hace porque su titular está muy ocupado en buscar la reelección y para ello necesita los votos del PRI.

Si la CNDH va a ser un puesto político cuyo presidente va a estar al servicio de los partidos, entonces habrá perdido su razón de ser, que era dar auxilio al ciudadano frente a los atropellos del poder.

El fin de semana anterior un grupo de seis sujetos armados asaltó el tren La Bestia, y cobró a cada centroamericano que viajaba en él entre 100 y 200 dólares, y los que no pudieron pagar fueron arrojados del tren o baleados, de acuerdo con el relato de Eirinet Gómez , corresponsal de La Jornada en Veracruz.

Damos por entendido que del gobierno de esa entidad no se puede esperar gran cosa, pero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿tampoco?

¿Por qué no entra la CNDH a las situaciones que nos presentan a Veracruz (y Tamaulipas) como un territorio parecido a la franja del Sahel, en el África subsahariana?

La información de la corresponsal nos dice que Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, aseveró que esa organización pidió a la CNDH medidas cautelares en la ruta migratoria, pero la respuesta fue el silencio.

El reciente hallazgo de 31 cadáveres en Veracruz no es un caso excepcional, sino de reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos en una entidad, donde la CNDH mira hacia otro lado.