En tan solo cinco días de discusión, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado, han avalado dos de los cuatro dictámenes que contienen las iniciativas en materia energética, complementarias de la reforma constitucional.

Con el voto a favor del PRI, PAN y PVEM se avaló la creación de tres nuevas leyes: la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica. Además, se avanzó en las reformas a las leyes de Inversión Extranjera; Asociaciones Público–Privadas; y la Ley de Aguas Nacionales.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, el avance de estos dictámenes ha sumado cerca de 140 modificaciones a los proyectos legislativos originalmente enviados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y se prevé que en breve se realicen cambios a un nuevo paquete de iniciativas por la que se expedirá la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Luego de que el PRD decidió separarse del debate en comisiones (tras asegurar que se ha pactado ya la aprobación de los nuevos ordenamientos y acusar la realización de un falso debate sobre los mismos), se espera que los proyectos sean avalados con mayor celeridad.

El día de ayer los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Barbosa Huerta, enviaron sendos comunicados en el que el primero demandó madurez, mientras que el líder del sol azteca en el Senado mantuvo su postura de no participar en el debate energético hasta que este tenga lugar en el Pleno del Senado.

En un escenario de discordia entre bancadas, el coordinador del PRI en la Cámara alta aseguró que “en todo momento, nos hemos conducido con apego a la ley, respetando, escuchando y atendiendo a todos los actores”.

Por su parte, el líder senatorial del PRD, Miguel Barbosa Huerta, reiteró su postura de que los integrantes de su grupo parlamentario sólo asistirán al debate en el Pleno, donde el PRI y el PAN no podrán imponer “su formato”.

“No regresamos al debate por la posición del PAN y PRI de pensar que pueden desahogar en 20 minutos, en media hora o en dos horas, cada uno de los dictámenes de estas leyes secundarias, y los esperamos en el pleno, ahí los esperamos”.

A una semana de aprobarse el formato especial para desahogar las leyes energéticas, método de trabajo que fue cuestionado por senadores del PRD y PT,  los integrantes de la Mesa Directiva del Senado, que preside el priísta, Raúl Cervantes Andrade, resolverán este lunes la controversia generada en torno al proceso que llevan las leyes secundarias en materia energética.

Luego de que el PRD denunció la violación al reglamento del Senado, la Mesa Directiva deberá realizar una revisión jurídica al acuerdo de trabajo para determinar su legalidad.

La intervención de la Mesa Directiva se deriva de dos peticiones formales presentadas, una por los presidentes de las Comisiones Unidas, Raúl Gracia Guzmán y David Penchyna Grub; y la segunda del senador Miguel Barbosa Huerta, quienes solicitaron que se revise la interpretación que se le dio al reglamento del Senado para determinar el método que actualmente siguen ambos grupos de trabajo.

Exige PT a la SCJN revisar la reforma energética

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatir de manera pública la solicitud de amparo que presentó contra el procedimiento legislativo por el que el Congreso federal y los locales aprobaron en diciembre del año pasado la reforma energética, ‘‘ya que estuvo plagado de irregularidades y violaciones’’.

En entrevista, detalló que debieron recurrir por segunda ocasión a la Suprema Corte, ya que esa instancia, en días pasados y en una ‘‘sesión secreta’’, rechazó esa demanda.

Se presentó entonces ‘‘un recurso de reclamación y le estamos pidiendo a la Suprema Corte y sus 11 ministros que, como es su obligación, en una sesión pública –y de cara a todos los mexicanos– analicen las violaciones al procedimiento que llevó a la aprobación de la reforma energética’’.

Es una demanda en la que Bartlett ha insistido desde el pleno del Senado y durante las discusiones de las leyes secundarias en esa materia que se han dado en los días recientes. ‘‘Somos tan poder como la Suprema Corte; tienen que revisar la demanda’’, expresó según otra nota del periódico La Jornada.

Si la SCJN deja al Congreso sin el control de la constitucionalidad, hay un rompimiento al estado de derecho, insistió el legislador petista. Explicó luego el desarrollo de ese proceso judicial, que lleva ya cinco meses.

En enero, precisó, junto con otros legisladores del PT presentaron la demanda contra la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, ‘‘por la que se entrega el petróleo, el gas y la electricidad a empresas extranjeras’’.

Se documentó, entre otras violaciones –dijo– que en la discusión en comisiones del Senado se cambió el proyecto de dictamen sin que la mayoría de sus integrantes tuviera conocimiento, y los presidentes de Energía y de Estudios Legislativos, David Penchyna y Raúl Gracia, respectivamente, presentaron ante el pleno una adenda, es decir ‘‘un documento de última hora en que se incluyeron cambios que ahondaron en la privatización y en los beneficios a las trasnacionales que se llevarán la renta petrolera’’.

Bartlett detalló que en la solicitud de amparo incluyeron la forma acelerada y sin la discusión que se dio en comisiones, donde no hubo debate en el pleno y la mayoría de los congresos de los estados avalaron esa reforma energética. ‘‘El juez octavo de distrito en materia administrativa, Francisco Silva Nava, dio entrada al recurso, lo que fue una sorpresa para todos’’, ya que se basó en el criterio establecido en el artículo primero constitucional que alude a violaciones a derechos fundamentales. Comenzó a trabajar de inmediato.

Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y las directivas del Senado y la Cámara de Diputados, presentaron en febrero una queja contra el juez Silva Nava y poco después el primer tribunal colegiado de circuito le ordenó que retirara su auto y declarara no procedente el amparo.

Bartlett Díaz precisó que impugnó esa resolución ante la Suprema Corte de Justicia y el máximo tribunal del país rechazó darle entrada, ‘‘en una resolución que no fue discutida en el pleno, porque se dio en una sesión secreta, por lo que nadie sabe qué se argumentó. Luego, el presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, se excusó –el juez es su hijo– y asumió sus funciones la ministra Olga Sánchez Cordero, quien determinó sin más que no procedía la petición. El nuevo recurso, insistió, requiere que lo analice el pleno del máximo tribunal.

Advirtió que en el Senado se dictaminan las leyes secundarias con ‘‘una serie de violaciones sistemáticas al reglamento que no han parado desde el inicio de la discusión’’ y que provocaron que tanto PT como PRD hayan abandonado la reunión de comisiones. ‘‘Todo es una simulación’’.