En menos de año y medio del actual sexenio, tres ex gobernadores han sido detenidos por acusaciones federales y estatales, que van desde el mal manejo de recursos públicos y el fraude fiscal hasta posibles vínculos con el crimen organizado. A esto se suma un ex mandatario que se encuentra prófugo y otros más bajo investigación.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, el primer caso con Enrique Peña Nieto como Presidente fue la detención del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, en junio de 2013, quien voluntariamente se entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), tras enterarse que había una averiguación previa por irregularidades durante su gestión.

La detención de Granier ocurrió en medio de fuertes cuestionamientos sobre su gestión que, incluso, lo llevaron a abandonar el estado dos días antes de concluir oficialmente su administración, en diciembre de 2012, y que sumieron al sistema de salud estatal en una crisis por la falta de recursos en hospitales.

Incluso, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, advirtió en su momento posibles irregularidades en los millonarios recursos que se dieron a Tabasco desde las inundaciones de 2008.

En julio de 2013, jueces federales concedieron las órdenes de aprehensión en contra de Granier por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. A esto se suma un proceso iniciado a nivel estatal por el desvío de 196 millones de pesos tan solo del sector salud de Tabasco.

Granier se encuentra actualmente preso en la torre médica del penal capitalino de Tepepan, debido a padecimientos del corazón.

El pasado 5 de abril, agentes federales detuvieron a Jesús Reyna, quien en 2013 fungió -durante un semestre- como gobernador interino de Michoacán y luego como secretario de Gobierno. El motivo fue una investigación de la SEIDO abierta en su contra por la presunta protección que habría dado al grupo criminal de Los Caballeros Templarios desde 2011.

La detención de Reyna se realizó minutos después de que concluyó su participación en un acto público y fuera citado en las oficinas del Palacio de Gobierno estatal, donde ya los esperaban los elementos de la Policía Federal Ministerial.

Un video revelado hace unos días evidenció la presencia de Reyna por lo menos en una reunión con Servando Gómez, La Tuta, líder de los Templarios.

Un juez federal concedió una orden de arraigo en contra del ex gobernador de Michoacán por 40 días, de los cuales ya transcurrieron 30. La PGR prevé consignarlo esta misma semana por su vínculo con la delincuencia organizada.

El último caso fue el del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, detenido por policías ministeriales la noche del viernes cuando salía de una corrida de toros. El cargo fincado por la Procuraduría de Justicia del Estado fue el de peculado, por la compra-venta presuntamente ilegal de varios terrenos en una operación que ascendió a los 26 millones de pesos.

Femat, que gobernó en el sexenio 2004-2010, había evitado el año pasado su captura tras interponer un amparo y pagar una fianza por cargos de enriquecimiento ilícito, derivado de la compra, al parecer simulada, de un tomógrafo por un valor de 13 millones 500 mil pesos.

También la PGR tiene abierta una averiguación contra Reynoso, preso en el centro de Readaptación Social de Aguascalientes, por posible manejo ilegal de recursos a través del patronato que operaba el club de futbol Necaxa.

Femat se niega a pagar fianza por excesiva

Julio Serna Ventura, abogado defensor del ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat aseveró que su cliente no pagará la fianza solicitada por la Procuraduría General de Justicia del estado.

Adelantó que dejarán transcurrir el término constitucional, cuya ampliación de 72 a 144 horas, ha solicitado como parte de su estrategia de defensa sobre los cargos que se le imputan, lo que lo llevará a permanecer hasta cinco días en el Centro de Readaptación Social de la entidad.

Según otra nota del periódico Milenio, la defensa de Reynoso consideró excesiva la cantidad de 27 millones de pesos que la fiscalía pidió como caución. Además confirmó que su cliente ha solicitado también la protección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El representante legal del ex gobernador calificó el proceso como una persecución política y cuestionó la forma en la que Reynoso fue detenido, al señalar que se le llamó a comparecer primeramente como testigo, pero al llegar a dar su testimonio a la procuraduría, le fue presentada en tan solo tres horas la orden de aprehensión por la que se le detuvo y posteriormente se le encarceló.

Consideró que si el procedimiento penal instruido contra Reynoso continúa, son altas las probabilidades de obtener una fianza menor ante un juzgado de distrito.

Durante su declaración preparatoria en el Cereso, el ex gobernador Reynoso se reservó su derecho a declarar, al tiempo que cuestionó el tinte político del proceso en su contra, la velocidad del juez de la causa para emitir la orden de aprehensión en su contra y la presencia de los medios de comunicación en la diligencia, hecho que pidió se asentara en el expediente.

Reynoso Femat es acusado de peculado por la fiscalía del estado de Aguascalientes en la causa penal 116/2014, originada por la compra-venta de terrenos en agravio del Instituto de Vivienda del estado, y por la que se habría ocasionado un presunto quebranto patrimonial al gobierno cercano a los 27 millones de pesos. El delito es considerado como no grave, por lo que admite el beneficio de libertad bajo caución.

Ante los señalamientos vertidos por el ex gobernador Reynoso y su defensa reconoció que justo cuando comparecía como testigo, el juzgado primero de lo penal en el estado emitió la orden de aprehensión en su contra, señalando que nada de ilegal existe en ello.

Descartó que se trate de una persecución política, “porque la justicia en Aguascalientes no trabaja por encargos.

“La procuraduría no trabaja por encargo, ni por línea y tampoco por motivos políticos, y de eso hemos dado muestras fehacientes en reiteradas ocasiones; que no se quiera confundir a nadie: a mí me pagan para combatir y aclarar delitos y si hay elementos actuamos”.

Desde 2013 Luis Armando Reynoso Femat enfrenta varios procesos penales en su contra instruidos por la Procuraduría del Estado, en los que se le imputa la compra de equipo médico por varios millones de pesos del que se desconoce su paradero, así como la donación de terrenos al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) sin respetar los procedimientos establecidos en la ley. El ex mandatario nunca había pisado la cárcel gracias a varios amparos con los que contaba.

El encarcelamiento de Reynoso ha causado opiniones divididas en los círculos políticos de la entidad. Diputados y actores políticos del PRI han dado su respaldo a la acción, mientras que en el PAN —partido que en 2010 pidió sin éxito la expulsión de sus filas por considerar que apoyó la causa del PRI en las elecciones locales— la reacción ha sido mesurada.

Hay otros ex gobernadores con denuncias

En la mira de autoridades federales y estatales siguen varios ex mandatarios. Por ejemplo, el ex mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, quien es investigado por la mega deuda que durante su gestión adquirió, aunque hasta ahora sólo se ha procedido contra funcionarios de menor rango.

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. También tiene un proceso abierto en Estados Unidos. Hasta ahora no ha sido capturado y su situación oficial es de prófugo. Eugenio Hernández, ex mandatario del mismo estado, también ha sido vinculado en indagatorias federales.

Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango, y Ney González Sánchez, de Nayarit, también están vinculados con averiguaciones en sus estados por irregularidades en el gasto de recursos estatales, sin que se haya procedido en contra de ninguno hasta ahora.