El Senado fracasó en su intento por aprobar las reformas político-electoral y de competencia económica antes de que sus integrantes se fueran de vacaciones de Semana Santa.

Sólo un día después de que los coordinadores del PRI, PAN y PRD anunciaron que estaban listos para votar las nuevas disposiciones, la negociación naufragó según se informa en una nota del periódico Reforma.

Por la mañana, durante la instalación de la mesa de la reforma político-electoral, el PAN desconoció los acuerdos asumidos por su coordinador, Jorge Luis Preciado, para avanzar en las reformas pendientes.

La decisión provocó la molestia del líder del PRI, Emilio Gamboa, quien reclamó el incumplimiento de compromisos.

"Lo único que digo es que registro que no se cumplió la palabra", soltó el priista, de acuerdo con testimonios de algunos senadores presentes.

En la reunión privada, realizada en la Junta de Coordinación Política, los panistas incluso desconocieron al interlocutor designado por Preciado para la negociación, el senador Héctor Larios.

De acuerdo con los asistentes, los senadores Roberto Gil y Raúl Gracia aseguraron que no conocían lo que Larios había negociado, por lo que no podían avalar el documento que contenía los avances de la reforma política.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, lamentó la inconsistencia de los panistas y, de paso, hizo un reconocimiento al negociador de su bancada, Alejandro Encinas.

Los legisladores panistas también abandonaron las negociaciones de la reforma secundaria en materia de competencia económica.

La tarde del miércoles se levantaron de la mesa de diálogo que se había instalado con la Secretaría de Economía.

El desacuerdo alcanzó a la mesa de negociación para Telecomunicaciones, cuya instalación también se canceló.

El subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, y el Consejero Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, se presentaron en el Senado para la instalación de la mesa, pero sólo fueron recibidos en una reunión informal, donde se ratificó que la reforma podría dictaminarse entre el 21 y el 22 de abril.

En un último intento por avanzar en los pendientes, --durante una plática en los escaños del pleno-- los coordinadores del PRI y PRD plantearon la posibilidad de sesionar durante la Semana Santa, a lo que el PAN también se negó.

Contienda en el PAN le pega al Legislativo

Los panistas anticiparon que será en mayo, una vez que haya pasado su proceso interno para elegir a su presidente nacional, cuando el Congreso de la Unión esté en condiciones de abrir un periodo extraordinario para la discusión de ese paquete de iniciativas.

Según otra nota del periódico Excélsior, los legisladores federales interrumpieron ayer sus labores para tomar un descanso con motivo de la Semana Santa; los senadores se tomarán nueve días, mientras que los diputados tendrán 11 días de asueto.

El Senado tendrá que abordar esos temas el 21 de abril, después de la Semana Santa.

Las diferencias políticas en el grupo parlamentario del PAN frenaron las leyes electorales y de competencia económica, e impidieron la instalación de la mesa especial de negociación en telecomunicaciones, por lo que obligarán al Senado a abordar estos temas hasta el próximo 21 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa, y cerrar más los tiempos del periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 del mes en curso.

De esta forma, los pleitos internos del PAN por la sucesión en su presidencia nacional pegaron en el desarrollo del trabajo del Senado, pues si Ernesto Cordero gana las elecciones internas, Roberto Gil Zuarth será el coordinador del grupo parlamentario, pero si la victoria es de Gustavo Madero, Héctor Larios se perfila como el nuevo líder de bancada.

El diputado federal Juan Bueno Torio, quien visitó unos momentos a sus compañeros senadores para hablar de temas como competencia económica, telecomunicaciones y el energético, también dejó en claro que el PAN no irá a ninguna reforma si antes no se aprueba lo electoral.

Incluso, Juan Bueno adelantó que el extraordinario para el tema energético se realizará en mayo, después de la elección del PAN, programada para el 18 de ese mes.

PRD revienta la sesión y frena aprobación de reforma

La bancada del PRD en el Senado reventó ayer el quórum de la sesión y de esta forma evitó la aprobación de las reformas legales en materia de secuestro, por las que se elevaba la pena de prisión máxima de 70 a 140 años.

Tras una discusión de casi dos horas, en la que la bancada perredista se opuso por considerar que la elevación de las penas no resuelve el problema y va en contra de los derechos humanos, la votación del dictamen fue de 50 a favor y tres abstenciones. Estando presentes, los perredistas no votaron.

En tribuna, al presentar el dictamen de reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 constitucional, que fue propuesto originalmente por la bancada del PVEM, el senador priista Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública dijo que el delito del secuestro se ha incrementado más allá de lo deseable y “de una manera aterradora” cada vez es más violento, cada vez son más las personas secuestradas que son mutiladas o privadas de su libertad.

“Con el incremento de penas no estamos hablando de venganza, de no respetar los derechos de los delincuentes. Estamos mandando un mensaje claro a los criminales de que sus delitos no deben quedar impunes, y que no podrán evadir la acción de la justicia por escollos legales que también manejan cuando los encuentran”, dijo según una nota del diario Crónica.

Señaló que “si hablamos de los derechos humanos de los delincuentes, debemos considerar que están primero los derechos humanos de las víctimas, a quienes se les ha privada de ellos, por causas ajenas a su voluntad”.

También en tribuna, el perredista Alejandro Encinas expresó que hay que establecer acciones de castigo punitivas penales para quien cometa el delito de secuestro, pero “hay que evitar caer en la simulación y en la demagogia”.

Tras reconocer que el secuestro y la extorsión se han elevado, Encinas dijo que con la propuesta de reforma no se resolverá el problema, ya que existe impunidad en el combate al secuestro, y refirió que sólo se denuncia el tres por ciento de este delito.

“Por eso el principal objetivo de una ley de combate al secuestro no está en castigar sólo al tres por ciento, sino enfrentar la cifra negra que representa la absoluta mayoría de los secuestros que hoy no son denunciados”.

Señaló que la imposición de la pena privativa de la libertad debe tener como finalidad la reinserción social del individuo, como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “por lo que la imposición de una pena de prisión excesiva, como es la que se propone, viola este instrumento internacional”.

El coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, pidió: “No cometamos una barbaridad legislativa; no hagamos que esto se vuelva un asunto de favores; no hagamos que esto se vuelva un asunto de programa político; no pensemos así. Seamos buenos legisladores y construyamos la buena ley”.

En tanto, la senadora panista Luisa María Calderón reconoció que se trata de un dictamen polémico, pero destacó que en la década de los 80 “cuando se cometía un secuestro la población en general se indignaba y hacía todo lo posible porque ese delito fuera sancionado con la mayor de las fuerzas; han ido pasando los años, han ido aumentando el número de los secuestros y pareciera que nos vamos acostumbrando a ellos, pareciera que los contamos como números, el 20 por ciento en el mundo aumenta en los últimos años.

Al no haber quórum, el dictamen quedó pendiente para próxima sesión.