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Boca del Río, fuera de la legalidad al prestar servicio de tránsito: abogado

  • Juan Eduardo Flores Mateos
"Está legislado que como tránsito y seguridad pública estén bajo el Mando Único", precisó Edgar Cinta.

Veracruz, Ver.- De la denuncia "por usurpación de funciones" y la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la transferencia del servicio de Tránsito y Vialidad que desean promover en el ayuntamiento boqueño sólo procedería ésta última.

Entrevistado en su oficina de Mario Molina y 5 de Mayo, el director general del Corporativo Legal Pagola, Edgar Cinta Pagola, explicó que las nuevas disposiciones reformadas en la Ley General de Seguridad Pública del Estado de Veracruz impiden que proceda la denuncia penal.

"El artículo 115 constitucional habla de las libertades y facultades del municipio, dentro de estas libertades y facultades está la seguridad pública que abarca tres aspectos: Policía, Tránsito, Protección Civil. Los municipios de acuerdo a sus cabildos tienen facultades para esos tres aspectos, definitivamente el Estado tiene una ley General de Seguridad Pública en la que se determinó de acuerdo a la legislatura local que sólo a los municipios se les reservaba la Protección Civil, de ahí que no proceda ninguna denuncia penal".

Sería por ello que sólo cabría la controversia constitucional para que se determine si el servicio de tránsito debe apegarse al artículo 115 de la Constitución Política o a las nuevas reformas de la legislatura local.

"El estado está ejerciendo una legislación que fue aprobada por la cámara y el congreso del estado y que, bueno, lo que sí cabe es la controversia constitucional".

La controversia constitucional, ahondó, podría tardar seis meses y eso sólo si es admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Una controversia constitucional puede tardar seis meses, primero deben darle entrada y determinar que efectivamente existe porque puede decir la Corte 'eso lo tienen que resolver de acuerdo a la Ley Orgánica que aprobó la legislatura del estado y no tienes por qué venir a mí', pero también puede decir 'en base al 115 y las libertades que te da la constitución política se hace necesario y entro al estudio de la constitucionalidad de esa legislación aprobada'".

En ese sentido el abogado determinó que quien incurriría en una ilegalidad sería el Ayuntamiento de Boca del Río y no el Estado al llevar a cabo el servicio público en estos momentos.

"No, porque está cedido, está legislado que como tránsito y seguridad pública estén bajo el Mando Único, al municipio sólo se le reservó protección civil, en base a la autonomía municipal del 115 la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, mientras la ley no le permita al municipio de Boca del Río llevar a cabo el servicio público de protección vial por medio de un organismo municipal, está fuera de la legalidad".

Para el litigante es una desgracia que los funcionarios utilicen las declaraciones mediáticas que no benefician en nada a la ciudadanía. 

"Desgraciadamente, hoy en día, lo que más se busca son las declaraciones mediáticas para crear la controversia social y las notas periodísticas, creo que si hacemos a un lado este tipo de actuar sería beneficioso para todos, y no tan sólo para la zona conurbada porque en la misma situación está Medellín".

Recordó que ya en la pasada administración de Yunes Márquez (2008-2010) se pasó por un tema parecido, donde el Estado terminó cediendo el servicio.

"Además ya atravesaron por esa controversia en la pasada administración y el Estado le cedió tránsito antes de que concluyera, hoy tiene la facultad de cuidar, por eso dicen que no van a multar porque si expidieran multas el que cometiera una ilegalidad sería el municipio y no el Estado".

El director del corporativo está de acuerdo con López Santoyo que es el síndico quien debe solicitar el regreso del servicio, de acuerdo con uno de los artículos de transferencia de servicios del Estado a los municipios.

Cinta Pagola insistió que lo demás son declaraciones 'controversiales' que no deberían preocupar tanto a los funcionarios, sino hacer lo que les corresponde que es administrar un gobierno.

"Lo demás son declaraciones controversiales que ponen en la palestra de los medios, noticias deberían preocuparse más por administrar lo que les corresponde administrar y desgraciadamente es lo que nos está tocando vivir", lamentó.