La misión de observación de periodistas emitió un informe sobre los resultados tras la investigación del asesinato del colega Gregorio Jiménez, y realizó recomendaciones puntuales al gobierno del estado que encabeza Javier Duarte de Ochoa, al Congreso local y a empresas de medios locales.

En primer lugar pidió a la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz “reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula fuertemente con su labor periodística”, cuya línea de investigación no ha sido elemental en el desarrollo de las investigaciones.

A la dependencia que encabeza Luis Ángel Bravo Contreras exigió subsanar las fallas señaladas en el informe que ayer dio a conocer la misión y “aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación sobre el trabajo informativo del periodista Gregorio Jiménez”.

Además, que ésta permita a la misión el acceso a otros expedientes de investigación de asesinatos y desapariciones de periodistas en Veracruz.

Demandó medidas de seguridad para la familia de Gregorio Jiménez, “ya que no sólo son víctimas sino testigos de un delito”.

También “que el gobierno de la entidad establezca un fondo permanente de apoyo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, y que su implementación se realice bajo la supervisión de organizaciones de la sociedad civil y periodistas”.

Resaltó la necesidad de “que los tres poderes de Veracruz reconozcan públicamente la situación adversa que enfrentan periodistas y medios de comunicación de esa entidad”.

Como noveno la organización urgió al Congreso local “promover una ley de protección de derechos del ejercicio periodístico y reestructurar la Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser un mecanismo de protección eficiente”.

Asimismo, crear una ley que regule la publicidad oficial en el estado de Veracruz.

A la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas pidió que rinda “cuentas de los recursos e informar cómo ha actuado en el caso de Gregorio Jiménez”.

A las autoridades correspondientes: “tipificar como delito grave las acciones que obstruyan o atente contra periodistas, instalaciones de medios de comunicación y cualquier persona que ejerza la libertad de expresión y de información”.

Durante la lectura, se exhortó a la Contraloría Estatal “revise de manera autónoma el desempeño de la PGJE en las investigaciones de delitos contra periodistas, y sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido en sus funciones”.

“La Fiscalía de Atención a Periodistas y Delitos Electorales de Veracruz debe dar un informe, amplio y detallado, de los avances de todas las investigaciones a su cargo”, exigió.

Propuso crear una fiscalía autónoma “debido a las altas cifras de agresiones a periodistas en Veracruz”.

Y precisó la urgencia de que las empresas periodísticas de Veracruz cumplan con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. “La seguridad de los periodistas empieza por recibir un trato profesional y que se garanticen sus derechos laborales”.

La misión de observación recomendó crear protocolos de seguridad, así como dar capacitación a los voceadores de prensa, para que difundan las noticias de manera profesional y no contribuyan a incrementar el riesgo a la labor de los periodistas.

A las empresas Notisur y Liberal del Sur, donde laboraba el reportero asesinado, solicitó establecer un fondo de apoyo económico para la manutención de la familia de Goyo Jiménez.