La aprobación de la reforma energética que abre el sector a la inversión privada nacional y extranjera es igual a hipotecar el futuro del país, dijo Martín Aguilar Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (UV).

“La reforma energética contempla una apertura absoluta del petróleo a las empresas  transnacionales, sin que contemos con un sistema de regulación ni de impartición de justicia ni de transparencia ni de rendición de cuentas lo suficientemente adecuados, como para pensar que el recurso que entra por la venta del petróleo vaya a ser realmente auscultado por la sociedad”.

Aguilar Sánchez dijo que si bien las empresas trasnacionales son las que tienen sus intereses puestos en la apertura de Pemex a la iniciativa privada, “también los grupos nacionales que se pueden beneficiar de ello tienen un interés muy importante puesto en esta reforma”.

“Políticamente, lo que quiere el gobierno federal es dinero rápido, aunque esté prácticamente entregando el petróleo a las transnacionales. El gobierno tiene una visión neoliberal, no le interesa invertir más en infraestructura para aprovechar el petróleo, y lo que quiere es dinero fresco para poder para implementar una serie de políticas, aunque eso signifique hipotecar el país”.

Aguilar Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), dijo que tras la aprobación de esta reforma queda a los ciudadanos continuar cuestionando al gobierno federal este tipo de decisiones y movilizar para echar adelante la consulta popular y revertir este proceso.

La aprobación de la reforma energética por parte del Senado y la Cámara de Diputados, fue calificada por el investigador como “un agravio contra la nación, donde el denominador común es la falta de consenso, ya que ésta como otras reformas no fueron  consultadas con la población”.

Para el investigador de la UV, “este tipo de reformas reflejan el interés del gobierno federal y del grupo político que lo maneja de implementar medidas de choque económico que benefician a unos cuantos y perjudican a la mayoría”.