Después de haberse aprobado los decretos de reforma del código financiero para el estado de Veracruz y el código de derechos, a las 18:00 horas se aprobó en lo general la Ley de Ingresos del gobierno del estado, con 39 votos a favor y 10 en contra.

La Ley de Ingresos busca la obtención de recursos suficientes que permitan la consecución de los objetivos y programas destinados a proyectos de inversión e infraestructura, que logren consolidar el crecimiento de la economía veracruzana asegurando las metas presupuestales y mejora en el desempeño de los ingresos públicos.

Para ello, se proponen cinco ejes: 1. Fortalecer los sistemas de recaudación para aumentar su eficiencia y equidad; 2. Fortalecer la estructura tributaria y los beneficios fiscales; 3. Aumentar el universo de contribuyentes y promover la formalidad; 4. Mejorar los programas de fiscalización para combatir la evasión y la elusión fiscal; y 5. Impulsar la Coordinación y Colaboración Hacendaria.

Asimismo, se autorizó el decreto para la regularización de adeudos de los municipios en materia de sus obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto sobre Nóminas y al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, "lo cual impactará benéficamente a los contribuyentes y municipios que se encuentren en tal situación".

En consecuencia, el objetivo primordial de dicha ley "es lograr la solidez de las finanzas públicas y contar con los ingresos que se requieren para atender las necesidades de gasto del estado, donde se propicie una estructura tributaria equitativa en la aplicación de los recursos públicos establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo.

Ante esto, los diputados Julen Rementería del Puerto y Fidel Robles Guadarrama, coincidieron que al aprobar esta iniciativa del Ejecutivo, es darle las facultades para incrementar la deuda del estado, la cual es de 40 mil millones de pesos -versión del mismo gobierno- por lo cual lamentaron que la LXIII Legislatura sirva únicamente como "oficina" del gobernador, sin ejercer sus facultades para rechazar las iniciativas que presenta, en beneficio de la sociedad.