ANTONIO NIETO Y MARCO ANTONIO MARTÍNEZ | LA SILLA ROTA

Desde las 13:00 horas del 18 agosto de 2016, el Gobierno Federal estaba enterado de numerosas irregularidades en torno a la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, pero las ignoró. Es decir, hace dos años, con tres meses y 10 días. En total: 832 días.

Este miércoles, la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una indagatoria de más de un millón de páginas que derivó en la Recomendación 15 VG/2018, en torno al caso Ayotzinapa, donde se señalan violaciones al derecho a la verdad, la participación de todos los niveles de gobierno

El organismo hizo énfasis en que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados 19 cuerpos, que se tienen que analizar para saber si corresponden a los normalistas desaparecidos.

Pero el informe de 2016 de la PGR ya había expuesto que El Ministerio Público Federal y un fiscal alteraron las fechas de la diligencia practicada en el Río San Juan, en Cocula, donde supuestamente fue hallada una bolsa con restos óseos.

Dicha diligencia, según aseguró en su momento Zerón de Lucio, era para realizar una reconstrucción de hechos con un detenido, el cual les indicaría dónde fueron quemados los restos de los 43.

Sin embargo, la Visitaduría General concluyó que el detenido, Agustín García Reyes fue llevado ahí el 28 de octubre de 2014, pero la acción ministerial fue registrada como si se hubiera hecho el día siguiente.

Asimismo, García Reyes presentaba heridas que no concordaban con el parte médico realizado por la PGR y por La Marina.

“Las retenciones que decretó el MP de SEIDO, respecto de 7 personas relacionadas con la averiguación previa se realizaron de manera ilegal y arbitraria. (...) El Fiscal adscrito a SEIDO resulta probable responsable de haber entregado el 28 de octubre de 2014 al detenido Agustín García Reyes al titular de la Agencia de Investigación Criminal, sin causa legal que lo justificara.

"El detenido tenía, según el segundo informe médico realizado 11 horas antes de ser llevado a dicho lugar (Río San Juan), 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que su detención fue pacífica y un primer informe médico de la Marina horas antes no revela lesiones", se lee en el documento.

En su momento, Tomás Zerón de Lucio declaró que esa diligencia la hizo con un testigo de la ONU, lo cual posteriormente fue desmentido por el organismo internacional.

De igual modo calificó de la investigación como "bien hecha".

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“En todas las búsquedas, que son más de 800, no hay ningún indicio que nos diga que fue diferente (que los 43 fueran incinerados en Cocula); no tendríamos por qué cambiar algo que estuvo bien hecho y que en tres años no ha tenido modificación", sostuvo Zerón tras salir de un foro de seguridad el 31 de agosto de 2017.

PGR DESCARTÓ INDICIOS

En mayo de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró que no se registraron indicios de torturas contra detenidos en el marco del 'caso Iguala' sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014 durante una protesta. En un comunicado conjunto con las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), el organismo dijo la Misión Permanente de México en Ginebra entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) las observaciones del Gobierno de México sobre el contenido del Informe 'Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa' presentado en marzo por el representante en México, Jan Jarab.

SUPO DE AGRESIÓN DESDE LOS PRIMEROS MINUTOS: CNDH

La Procuraduría General de la República supo desde los primeros minutos, sobre la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque comenzó a investigar nueve días después.

Así lo dio a conocer el titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Trinidad Larrieta Carrasco, durante la presentación de la recomendación 15VG/2018 por el caso Iguala.

De acuerdo con Larrieta, desde las 21:45 horas la PGR tuvo conocimiento de los hechos y a las 21:50 pudo comenzar a investigar lo que ocurría en Juan N. Alvarez y Periférico, en Iguala, donde había un enfrentamiento entre policías y normalistas.

“Estaban siendo agredidos, aún no se detenía a ninguno de los 23 a 28 estudiantes que iban en el autobús 1568", dijo.

Añadió que agentes ministeriales de la PGR debieron trasladarse al punto y por lo menos resguardar el lugar de los hechos.

"Podían pedir el auxilio de instancias locales, federales e incluso el Ejército", aseguró.

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