Xalapa, Ver.- La Contraloría General del Estado, tiene abierto un proceso administrativo contra funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por asignar contratos a la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV., relacionada con José Mancha, dirigente con licencia del PAN, y su esposa Monserrat Ortega, pues la firma no tenía dentro de su objeto social la construcción de obra pública.

El comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), recibió una queja que se entregó a la dependencia estatal, quien investiga si hay alguna irregularidad y deberá calificar la gravedad de la falta para emitir alguna sanción.

En su acta constitutiva la empresa señala que su giro es asesoría, gestión, representación, promoción y venta de todo tipo de bienes y servicios, no así la realización de obra pública y pese a eso se le dieron dos contratos para ese fin.

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El pasado 4 de septiembre el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción Sergio Vázquez Jiménez, a través del oficio SEAVER/CPC/024/09/2018, pidió al Contralor General, Ramón Alfonso Figuerola Piñera, que investigue si la asignación de 24 millones de pesos, en la contratación de dos obras para la pavimentación de tramos carreteros en Uxpanapa y Naranjal, se dio en el marco de la ley.

Además, se planteó que se investigue un posible conflicto de interés entre los socios de la empresa y los funcionarios públicos.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, en su artículo 21, párrafo d, fracción VIII, establece como obligación del Comité Ciudadano proponer al Comité Coordinador del SEA, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.

En la fracción XXI establece que el mismo grupo ciudadano debe proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) o a los órganos internos de control.

Si bien la ley no establece un periodo para resolver la queja, el también presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, consideró que tras un mes de que se formalizó la petición, debe existir algún avance en la investigación.

El contador público detalló que se han recibido varias quejas y todas las han canalizado a los órganos de control interno de las dependencias de la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), y el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).

“Nosotros enviamos el caso de las empresas que presuntamente están vinculadas a Pepe Macha y la Contraloría nos informó que abrió el proceso de investigación a través de los órganos de control de SIOP”, explicó en entrevista.

No hay avances

Vázquez Jiménez reconoció que a la fecha no se ha dado un reporte puntual de la investigación, por lo que enviarán un nuevo escrito para saber qué ha pasado.

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“Nosotros enviamos evidencia, que nos llegó a través de la queja, donde una de las empresas se le dio obra y no tenía esa facultad, en el proceso de licitación tenía que ser descalificada y no fue así. Queremos tener los informes de qué se hizo y a quién se sancionó”.

El tema podría llegar hasta la Fiscalía Especial en el Combate a la Corrupción a cargo de Marcos Even Torres, quien fue impuesto por la mayoría del PAN y el PRD en el Congreso, o al Tribunal de Justicia Administrativa, integrado por cuatro magistrados, tres de ellos ligados al titular del Poder Ejecutivo, quien los propuso ante la Cámara.

“Si se detectó alguna irregularidad, tendría que sancionarse a los servidores públicos. Los órganos internos de control tienen que investigar y substanciar, qué quiere decir esto, tiene que armar los expedientes para demostrar si se incurrió en una falta. Y digamos califican la gravedad y canalizan, si son faltas administrativas al TEJAV, y si son faltas graves -como daño patrimonial- a la Fiscalía Especializada”, detalló el contador público.

El representante ciudadano pidió a los diputados locales a no minimizar el informe que emitió el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en donde detectó que la licitación fue irregular, pues compitieron dos empresas con socios en común.

Desde el pasado 1 de octubre es oficial la información de las auditorías practicadas al manejo de los recursos del 2017, primer año de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que será difícil que los diputados quieran desaparecer la infracción en la que se incurrió en la dependencia estatal.

“Si los diputados no privilegian el trabajo hecho por el ORFIS y no le dan el respeto que merece, están desestimando el trabajo de una institución que cuesta dinero (…) y si en una mesa de acuerdo van a eliminar observaciones, sin tener sustento para ello, sería muy lamentable”.

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