Gustavo Castillo García

Guatemala. A la petición de extradición para que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sea juzgado en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Procuraduría General de la República (PGR) sumará los cargos de delitos electorales, abuso de autoridad, peculado y trafico de influencias.

Las autoridades mexicanas integrarán a la solicitud formal las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y por denuncias interpuestas por el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz.

Funcionarios mexicanos señalaron que la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR ya recibió el mandamiento judicial, librado por un juez federal, con sede en Veracruz, en el que se incluye a Javier Duarte como el responsable de delitos electorales, por no haber entregado los recursos para el desarrollo de los comicios en esa entidad en 2015.

En marzo pasado, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, declaró que las acciones de Duarte pusieron en riesgo el proceso electoral, y con ello cometió un delito por el que puede obtener de seis meses a tres años de prisión, aunque no necesariamente el ex gobernador de Veracruz quedaría preso, pues no es un delito grave.

En cuanto a las investigaciones y denuncias presentadas por el órgano fiscalizador del estado, la institución ha presentado ante el Ministerio Público un total de 106 denuncias por la comisión de delitos relacionados con el desvío de recursos públicos, por un monto que ha estimado en 20 mil 287 millones de pesos.

Los funcionarios entrevistados señalaron que no todos los recursos fueron desviados por Javier Duarte o por funcionarios desde el gobierno estatal, pero la fiscalía local no ha logrado obtener otros mandamientos en los que se señale al ex gobernador como el responsable de ese delito.

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, obtuvo de jueces locales dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

La información que ha proporcionado la fiscalía veracruzana a la PGR es que se acusa a Javier Duarte de haber ordenado que los recursos federales destinados a la Seguridad Pública, y que ascendieron a 239 millones, 524 mil 373 pesos, fueran entregados a empresas fachada desde el ejercicio fiscal de 2011 hasta 2016.

Esta querella y por lo cual se inició una carpeta de investigación se le imputa también a Duarte de Ochoa los delitos de ejercicio indebido de la función pública en materia fiscal, peculado fiscal y desvío de recursos en materia fiscal, previstos en los artículos 97, 97 Bis y 97 Quáter del Código Financiero para el estado de Veracruz.

La PGR contará con 60 días naturales (hasta el próximo 19 de junio), para entregar al gobierno de Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte, luego de que ayer formalmente fue notificado el gobierno mexicano de la audiencia inicial en la que se informó al ex gobernador de la existencia de una petición de detención con fines de extradición.

Estos cargos se sumarán a la acusación en la que se señala a Javier Duarte de haber desviado durante su administración 350 millones de pesos de recursos que estaban destinados a las secretarías de Salud, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

De esta acusación, la PGR obtuvo una orden de aprehensión y con base en ella se solicitó su detención, la cual se cumplimentó el pasado 15 de abril en el Hotel la Riviera de Atitlán, en donde pagó 8 mil 500 Quetzales (unos 29 mil 700 pesos), por la renta de tres habitaciones por un lapso de tres días.

Javier Duarte se encuentra preso de manera precautoria, hasta en tanto el gobierno mexicano formaliza las acusaciones contra el ex gobernador veracruzano, y nuevamente se realizará otra audiencia para conocer si esta vez acepta allanarse (voluntariamente) a la extradición y se otorga su retorno en un plazo de 10 días a México, o bien decide que se su situación jurídica se determine en un juicio que podría durar un año o más.

Con información de La Jornada

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