¿Recuerdan —claro que sí— cuando el aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, emprendió acciones legales en contra de tuiteros?

En agosto de 2011, los «tuiterroristas» María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez fueron acusados por el Gobierno de Veracruz apoyado en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, tal y como lo anunció Duarte:

Ya tenemos ubicado el origen de toda la desinformación de hoy, quiero informar q esto tendrá consecuencias legales Art. 311 (terrorismo)

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 25, 2011

Dicha acción tuvo como consecuencia un incremento en las críticas hacia su Administración, las cuales se ponían de manifiesto mediante menciones en Twitter y comentarios en Facebook. Ante éstas, el mandatario respondió: 

Soy twittero de corazón, estoy a favor de la libertad de expresión pero también defiendo nuestro derecho de vivir tranquilos y en paz

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) September 1, 2011

Entre las consecuencias, tenemos la aprobación de la «Ley Duarte», gracias(?) a la cual los «tuiterroristas» habrían podido alcanzar fianza. Al final, éstos fueron liberados después de que las autoridades retiraran los cargos en su contra.

Fue así, pues, como quedó marcado en Veracruz un antecedente de regulación legal en redes sociales.

Tiempo después el Gobernador interrumpió, sin explicación alguna (tampoco es como que estuviera obligado a darla), su actividad en la red de los 140 caracteres, optando por realizar publicaciones únicamente en Facebook, una plataforma que podríamos identificar como «más controlable».

Todo continuó con «normalidad», hasta que en agosto de 2015, al mero estilo Houdini, la cuenta de Facebook de Javier Duarte fue desactivada. Asimismo, su Twitter permanecía inactivo. Nuevamente, no hubo explicación acerca de esta decisión. No tenía por qué haberla, vaya, aunque algunos comenzamos a preguntarnos si éste sería el final de su comunicación en redes sociales.

Para fortuna de unos y no tanta de otros, Duarte «revivió» su perfil de Twitter, volviendo así al ruedo digital.

Al estar próximo el período electoral de la «minigubernatura» en Veracruz, el Gobernador volvió a dar de qué hablar debido a ciertas acciones que, según actores políticos, podrían interferir al ser actos anticipados de campaña.

Esto no quedó en un mero intercambio de declaraciones, sino que existió un Procedimiento Especial Sancionador (http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-PES-2-2016.pdf), promovido por Lauro Hugo López Zumaya en su carácter de representante del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), en contra de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿El motivo?, actos que considera vulneraron la normativa electoral.

¿A qué actos se refiere?, sí, lo intuyó usted bien: tuits.

López Zumaya presentó como pruebas siete tuits entre noviembre de 2015 y enero de 2016, emitidos desde la cuenta oficial de Javier Duarte, así como diversas notas en medios de comunicación impresos y electrónicos. Los eventos señalados fueron la comida en el Rancho San Julián, la comida con periodistas en conocido restaurante de Xalapa, y la llamada «Comida de la Unidad».

Por su parte, la defensa afirmó que:

«Son inexistentes las infracciones imputadas a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, dado que no es posible acreditar, a través de los supuestos medios de prueba aportados, en su contexto integral, la supuesta veracidad de las manifestaciones totalmente subjetivas al denunciante».

O sea, ésas son puras mentiras.

Y, por último, ¿qué dijo el OPLE?

«De un análisis exhaustivo de los contenidos en las plataformas de internet correspondientes y mensajes de la red social twitter, se tiene que se trata de publicaciones de internet que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, las cuales tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen».

O sea, sí pero no.

Dentro del mismo documento, se reconoce que «[…]la legislación electoral mexicana vigente carece de regulación el tema relativo a la utilización de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental».

Es decir, a la fecha no existe legislación que regule a las redes sociales en materia electoral. Será por desconocimiento del tema o porque no conviene a los intereses. Vaya usted a saber.

Más adelante, afirma que si bien la naturaleza de Twitter es pública, el usuario tiene opciones de privacidad que le permiten bloquear contenidos no deseados. Vamos, que si usted ve un tuit es porque así lo quiere.

En este caso se confrontan la libertad de expresión contra el deber de los servidores públicos a ser imparciales en contiendas electorales. Para resolver esto, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV), aplica un «examen de proporcionalidad a la restricción susceptible de imponer».

¿El resultado? El TEEV «concluye que los contenidos de los referidos mensajes, se ubican en los márgenes de permisibilidad constitucionales y legales, por tanto, una eventual restricción devendría en desproporcional al mermarse su derecho de libertad de expresión».

Así pues, el «twittero de corazón» salió bien librado de las acusaciones. O eso parecía.

Uno de los principales argumentos es que no existieron pruebas suficientes para identificar consecuencias de los tuits, a diferencia de lo sucedido con los «tuiterroristas» quienes, a decir de las autoridades, causaron afectación de la paz social.

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no coincidió en dicha resolución, dictando así sentencia en el expediente SUP-JRC-19512016. Esto llevó al TEEV a declarar, «en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Sala», existencia de la violación (http://www.teever.gob.mx/files/RESOL_PES-1-2015_ACUMULADOS_2-2016.pdf).

Derivado de tal resolución, Javier Duarte ha recibido una multa por 500 días de salario mínimo.

Más allá de analizar si la sanción económica es suficiente, resulta irónica la transición de aquel Gobernador aplicando la Ley a «tuiterroristas», hacia un Javier Duarte juzgado —social y legalmente— por sus propios tuits.

Nos encontramos, pues, ante un cazador devenido presa de la plataforma que «ama de corazón», de la red en la cual ha preferido dar declaraciones antes que a medios de comunicación, de ésa con la que cuando de resultados se trata, es sólo una parte más del media mix, pero si de cuestionamientos hablamos: «basta y sobra».

Y sí, para el TEPJF, Twitter bastó y sobró.