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Morena vigilará durante minigubernatura la aplicación de programas federales

El diputado federal de Morena, Virgilio Caballero Pedraza, criticó que programas se condicionen a cambio del voto a favor del PRI.

Ciudad de México. En el estado de Veracruz “es un hecho que Héctor Yunes Landa y el PRI promueven la violencia institucional y la violencia política contra las mujeres del Programa Prospera”, advirtió el diputado federal de Morena, Virgilio Caballero Pedraza.

El legislador recriminó que los distintos programas sociales, tanto federales como estatales en Veracruz, se utilicen para condicionar ese apoyo a cambio del voto a favor de los candidatos del PRI.

En ese contexto, recalcó que trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) promueven reuniones de los beneficiarios de dichos programas con el candidato del PRI al gobierno estatal.

Además, se les entrega una tarjeta-compromiso diciéndoles que podrán hacer válidos los beneficios prometidos una vez que Héctor Yunes Landa, según esos funcionarios, “gane la gubernatura”.

Luego de asegurar que esas y otras irregularidades están debidamente documentados, añadió que también en la Secretaría de Desarrollo Social local, encabeza por Alfredo Ferrari Saavedra, ex dirigente estatal del PRI, se hace un uso ilegal de los padrones de beneficiarios.

“En Coatzacoalcos, el candidato del PRI Víctor Rodríguez Gallegos y Marcelo Montiel Montiel coordinador priista en el Sur, pretenden comprar el voto ciudadano con materiales de construcción y otras dádivas que tienen almacenados en bodegas”, dijo el diputado federal.

Recordó que Marcelo Montiel, exsecretario de Desarrollo Social y exdelegado de SEDESOL federal en Veracruz, habría desaparecido más de 800 millones de pesos de programas sociales, de acuerdo a la denuncia de Juan Bueno Torio. Y otros 500 millones de pesos según el senador Alejandro Encinas.

“La estrategia electoral priista se muestra claramente: el gobierno del estado con la falta de inversión y desaparición de más de 35 mil millones de pesos de todos los programas sociales, propició el incremento de la pobreza en el estado en más de medio millón de veracruzanos entre 2011 y 2014, de acuerdo al CONEVAL y ahora van por su voto obligado y comprado para seguirse manteniendo en el poder”, sostuvo el diputado Virgilio Caballero.

En ese sentido, anunció que “ante la violencia política e institucional que el PRI y sus aliados están desencadenando contra las mujeres de Veracruz”, a partir del presente mes y durante los dos próximos años, las 22 diputadas y diputados federales de Morena mantendrán en el estado de Veracruz un seguimiento permanente al uso político-electoral de programas federales, sobre todos a los supuestamente usados para el combate a la pobreza.

“A la sociedad veracruzana le informamos que los y las legisladoras de Morena darán asesoría y acompañarán a los y las beneficiarias de cualquier programa social, en la presentación y seguimiento de sus denuncias formales por abuso en contra de sus derechos humanos y políticos”, dijo y añadió que el objetivo es detectar a los funcionarios de cualquier orden y nivel de gobierno para iniciar procedimientos legales correspondiente contra ellos.

Además, los diputados federales de Morena buscarán que el Congreso de la Unión exhorte al Presidente de la República para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, cancele temporalmente el otorgamiento de los Programas Sociales, en virtud que estos están siendo utilizados para coaccionar el voto en todo el país.

Y también que el titular del Ejecutivo Federal cese de manera inmediata al actual Delegado Federal de PROSPERA, Alejandro Baquedano, por su presunta participación en la coacción del voto a cambio de sufragar en favor del PRI y se le finquen responsabilidades penales por el uso y abuso de los programas sociales con fines políticos.

Morena también planteará la necesidad de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que investigue y sancione los diversos delitos electorales por parte de funcionarios federales, que han violado los principios constitucionales rectores en materia electoral.