Patricia Muñoz Ríos

Un fraude al Fideicomiso de Cobertura al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi) de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), que supera los 271 mil 751 millones de pesos, fue denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados.

La denuncia presentada por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) señala que nunca se rindieron cuentas sobre este fideicomiso por parte de Pemex, la fiduciaria y el comité técnico que operó desde el inicio el fondo.

El gremio demanda que la ASF finque responsabilidades de carácter penal contra los funcionarios de diferentes administraciones de Pemex, que durante tres décadas incumplieron con el manejo de estos recursos, y todos aquellos que estuvieron involucrados en la operación de los mismos.

El oficio Untypp-SG-26/2015 sostiene que quienes manejaron estos fondos incurrieron en el incumplimiento de las obligaciones legales. Añade que el mismo se constituyó desde octubre de 1989, con la finalidad de respaldar las jubilaciones y las primas de antigüedad por separación y los pagos a los pensionarios y beneficiarios, “por lo que no hay ningún motivo para que el pasivo laboral de Pemex se convierta en deuda pública, que el pueblo tendría que pagar”.

La denuncia, presentada ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, agrega que para la constitución del fondo Pemex entregó la cantidad de 271 mil 751 millones, por cartera de saldos deudores a cargo de los participantes registrados. Monto que se incrementó a lo largo de los años por las aportaciones de empresa y trabajadores, y los rendimientos derivados de la inversión de los recursos. En contraparte, también se usaron dichos fondos para el pago de las pensiones.

La Untypp –que encabeza Moisés Flores Salmerón– argumenta que sin haberse nunca dado a conocer a los trabajadores petroleros la situación de dicho fideicomiso, en el decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto, en 2015, el gobierno federal mandata a la ASF realizar una “auditoría específica respecto del pasivo laboral de Pemex y sus subsidiarias, a fin de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y las determinantes de la evolución del mismo”.

Resultado de la investigación, esta instancia señala en la página 22, referente a las conclusiones, que el Ficolavi ya no recibió aportaciones desde el ejercicio 2014, y este fideicomiso y el Fondo Laboral de Pemex (Folape), “debido al crecimiento del pasivo laboral de la empresa”, no podrán cumplir con los compromisos para los que fueron creados.

La ASF recomendó por tanto una “revisión a las prestaciones”.

Deficiencias

Sin embargo, en los apéndices del informe de este organismo se establece en el punto 8 que hubo” deficiencias de tipo operacional y de control con referencia a la revisión y validación del pasivo laboral”. Mientras que en el punto 6 se indica que estos recursos “no fueron fondeados, por lo que Pemex no contó con un fondo de reserva que permita solventar a mediano y largo plazos los compromisos con los jubilados”.

Por tanto, dicha unión sostuvo que el pago de pensiones de los jubilados petroleros no debe convertirse en deuda pública, esquema con el que quieren tapar el fraude a estos fondos. Exige se integren al fondo de pensiones Ficolavi todo el dinero invertido y los intereses que generó; la rendición de cuentas por parte de la administración de Pemex, la fiduciaria y el comité técnico desde el inicio del fondo, porque son corresponsables del manejo de estos recursos; que se haga el fondeo de los activos, entre otros.

En el oficio enviado a la Cámara de Diputados se pide a los legisladores que exijan a la ASF cumplir con el decreto ya referido, el cual establece que esta instancia “debe proceder al fincamiento de las responsabilidades que correspondan” en el caso de encontrar malos manejos.

La Untypp presume que la situación financiera de quebranto que tiene Pemex “se debe al desvío de los recursos y su manejo  irregular por las diferentes administraciones”.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/02/29/politica/007n1pol