El pasado viernes 30 de octubre, en sesión ordinaria, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobó por unanimidad un Plan de Contingencia para Veracruz y mandató a la Coordinación Ejecutiva a celebrar un Convenio con las autoridades de aquel estado.

Esta medida tuvo su origen en la solicitud que hicieran el 10 de septiembre pasado Norma Trujillo Báez, Raziel Roldán Hernández, Eirinet Gómez López, Roger López Martínez, Oscar Martínez, Juan David Castilla Arcos, Adrián Hernández Zárate, Leticia Cruz, Sergio Hernández, Arantxa Arcos Mota y Flavia Morales Carmona, periodistas veracruzanos que han sufrido agresiones por su labor informativa, para que el Mecanismo emitiera una “Alerta para la protección de periodistas”.

La “Alerta para la protección de periodistas” es una medida que forma parte de las atribuciones del Mecanismo, como establece el artículo 43 de su respectiva ley, en el cual la Federación y los estados están obligados a “implementar medidas de prevención” y éstas deben servir para “diseñar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales agresiones a […] Periodistas”.

El Mecanismo elaboró un Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el estado de Veracruz. Éste contiene datos como los siguientes:

• 16 periodistas han sido asesinados, según datos tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como de la Procuraduría General de la República (PGR).
• En los últimos cinco años el número de homicidios se duplicó respecto del quinquenio previo.
• 4 periodistas han sido desaparecidos forzadamente en el periodo que va de los años 2000 al 2015, según registros de CNDH como de PGR.
• De las 744 averiguaciones previas iniciadas por la PGR por presuntos delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación, Veracruz es la segunda entidad con más indagatorias (9.9%). Los delitos con mayor incidencia en Veracruz son el homicidio, las amenazas y el abuso de autoridad.
• De las 40 indagatorias atraídas por la PGR desde que se dio está facultad a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) el 20% son de Veracruz.
• Además, el propio Mecanismo constata lo mismo, pues de los 185 periodistas que ha protegido desde su inicio (octubre de 2012), 34 son de Veracruz. Es decir uno de cada cinco.

Derivado del Diagnóstico se generaron las siguientes medidas para que las autoridades, local y federal (como la FEADLE), cumplan cabalmente con sus obligaciones, con la observación del Mecanismo y con la participación y escrutinio de las y los periodistas:

• Se elaborará un mapa de riesgo, que registre todo tipo de agresiones sufridas por periodistas y eso permita saber dónde están sucediendo los ataques, qué patrones existen y quiénes son los perpetradores. Información de esta naturaleza permitirá diseñar  implementar medidas de prevención y de reacción más efectivas.
• Se establecerá un espacio de trabajo cada tres meses con la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado con presencia del Mecanismo y la participación de las y los periodistas que lo deseen, para revisar la actuación de policías ante el ejercicio de la labor del periodismo.
• Se establecerán cada tres meses, mesas de revisión de casos ante la Fiscalía del Estado y en su caso la FEADLE, con observación del Mecanismo y la participación de las y los periodistas agredidos o sus representantes, a fin de evaluar los avances y acordar acciones de investigación y rendición de cuentas de la autoridad ministerial.
• Integrar un grupo de trabajo conformado por el Mecanismo, autoridades locales y periodistas para que se revisen y evalúen todas las acciones propuestas. Los resultados de dicha evaluación deberán ser publicados cada seis meses y podrán dar pie a modificaciones al plan de prevención dictado por la Junta.

El Diagnóstico y el Convenio completos pueden consultarse aquí

El cumplimiento de las medidas necesitará de toda la voluntad de todas las autoridades involucradas para que México deje de ser considerado como un país de alto riesgo para las y los periodistas, y en especial Veracruz, donde el riesgo ha sido mayor.

El Consejo Consultivo hace un llamado a las autoridades para que la conformación de los grupos de trabajo se den en un contexto de pluralidad, no discriminación y sobre todo de inclusión, con garantías de respeto a los derechos humanos de quienes participen. Hechos como los sucedidos el día de hoy durante la firma del Convenio, donde las y los periodistas solicitantes que exigían justicia por sus compañeros asesinados, fueron amedrentados y Roger López lastimado cuando mostraba una cartulina con la leyenda “Es Alerta”, no abonan a la construcción de la confianza que debe privar en estas mesas y contradicen los compromisos contraídos por las autoridades.

Empezamos donde es urgente pero esperamos que este primer ejercicio se abra a otros estados donde personas defensoras de derechos humanos y periodistas son hostigadas, perseguidas, atacadas o amenazadas, para que bajo la participación y escrutinio de estos, las políticas de prevención, seguridad y justicia se transparenten, las autoridades rindan cuentas y se ataquen las causas de tales agresiones.