Por: Alberto J. Olvera

El asesinato en Iguala de 6 personas y la desapartición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre es una tragedia que marca un parteaguas en la historia del país. Toca fondo la crisis moral y política del Estado mexicano, hasta ahora encubierta a través del manejo de medios y la creación de expectativas vía reformas económicas. La matanza ha mostrado descarnadamente las consecuencias de la alianza entre política y crimen que todas las fuerzas políticas han prohijado en lo que va del siglo XXI. Y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, ya no pueden tolerar más tanta simulación y tanta irresponsabilidad colectiva de la clase política. La colonización del Estado mexicano por la delincuencia organizada ha sucedido en una época en la cual se suponía que el propio Estado libraba una guerra contra los criminales. De la comprensión de las causas de esta paradoja depende la definición de una estrategia de salida de la crisis y de construcción de un Estado democrático.

La causa profunda del desastre está en la ruta que tomó la transición a la democracia: lucha electoral sin pacto de refundación del Estado. El único acuerdo de las fuerzas políticas en los días aciagos de 1995-96 fue que una institución autónoma organizara las elecciones y que el subsidio público fuera el mecanismo exclusivo de financiamiento de sus actividades, precisamente para prevenir la entrada de intereses privados en la arena política (reforma electoral de 1996). Tristemente, este acuerdo fue violado desde el principio. En las elecciones fundacionales del año 2000 tanto el PRI como el PAN recurrieron de una manera sistemática y descarada al financiamiento ilegal de las campañas presidenciales (el PRI tuvo su Pemexgate y el PAN a los Amigos de Fox). A pesar de las sanciones del IFE (pagables con dinero público), la clase política no pudo y no quiso poner un alto a esa tendencia.

La intensificación de la competencia electoral condujo a los partidos a dejar de lado cualquier autocontrol moral y político. La lucha por el poder obligó a conseguir candidatos que trajeran dinero a sus propias campañas y que apoyaran las nacionales. Lo que importaba era contar con los recursos, redes,infraestructura y clientelas que cada uno de esos personajes portara. Se creó así un ambiente de corrupción generalizada entre la clase política. Crecientemente se invirtió dinero ilegal en las campañas y se usaron recursos públicos con fines electorales. Las instituciones electorales, orgullo de la transición, perdieron todo control sobre el financiamiento de la política. La fragmentación del poder que produjo el fin del presidencialismo priísta permitió la emergencia de múltiples poderes no institucionales, entre ellos, los de los cárteles del narcotráfico y de múltiples grupos regionales del crimen organizado, además de los sindicatos mafiosos y los monopolios privados.

El cinismo y la simulación alcanzaron niveles de escándalo. El proceso fue tan rápido que dejó sin posibilidades de reacción a una sociedad civil que nunca entendió la gravedad de lo que acontecía. Las elecciones presidenciales del 2012 llevaron este proceso al paroxismo, pero la descomposición ya era patente desde 2010, cuando las elecciones locales en 14 estados se llevaron a cabo enmedio de la violación sistemática de todos los límites legales y morales que quedaban en pie.

Simultáneamente,la crisis del 2008 condujo a muchos empresarios a caer en garras de diversos grupos del crimen organizado. El lavado de dinero, siempre practicado por ciertos empresarios, se extendió a casi todas las ciudades del país y este proceso permitió una mayor inserción social de los narcotraficantes en los altos círculos de las burguesías locales.

En suma, el crimen organizado encontró terreno fértil tanto en las necesidades dela clase política como en las de los hombres de negocios. El caso del alcalde de Iguala es en este sentido ejemplar y no excepcional. Marca tal vez el mayor nivel de violencia en un gobierno local, sin que de ninguna manera sea un caso único, como lo sabemos desde hace años. En Iguala, como antes en los estados de Michoacán y Tamaulipas, la alianza entre políticos locales y crimen organizado no se limitó a fines extractivos, sino que implicó una estrategia de control territorial, para el éxito de la cual el terror sobre los enemigos era esencial.

Este proceso, en mayor o menor escala, se extendió por casi todo el país. Hay cientos de denuncias de asesinatos, desapariciones y secuestros de funcionarios públicos de todos los niveles, así como de dirigentes sociales, en todos los estados.

Para revertir este proceso es necesario construir instituciones. El Estado ausente es el mejor escenario para que prospere el crimen. Las reformas necesarias son simples pero fundamentales: desaparecer el fuero de los políticos (nunca más injustificado que ahora); garantizar la autonomía política del sistema de justicia a través de fiscalías realmente independientes dotadas de los recursos necesarios (a nivel federal y en los estados); darle auténtica autonomía a las comisiones de derechos humanos, hasta hoy meras oficialías de partes; darle autonomía real al Instituto Nacional Electoral, hoy sometido a vetos cruzados de los partidos; y de una vez por todas, profesionalizar las policías y ponerlas bajo un mando único profesional. Tema aparte es una urgente reforma municipal, que evite que los gobiernos locales continúen siendo el eslabón más débil del Estado mexicano.

Estas reformas implican que los políticos renuncien a su impunidad legal, al control político de la justicia y al control mafioso de las policías, y que acaten las reglas electorales que ellos mismos se han dado. En otras palabras, crear las bases fundamentales de un verdadero Estado de Derecho.

Y los políticos mexicanos tendrán que hacer estas reformas, por las buenas o por las malas, simplemente porque la sociedad ya no resiste más el abuso y el engaño. Ese es el mensaje que porta el creciente movimiento estudiantil y la activación de una vasta sociedad civil hasta ahora paralizada.