Los cambios de funcionarios públicos, por orden del gobernador Javier Duarte de Ochoa, hasta el momento no han garantizado un beneficio para el estado de Veracruz, toda vez que algunos salen peores que los anteriores.

Basta con conocer el pasado cuestionable, que identifica a estos servidores públicos cuando se desempeñaban en otras labores, señaló el investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana (IESES-UV), Rafael Arias Hernández.

“Eso es porque no actuamos y le exigimos a quién corresponda que aplique, que cumpla y que haga cumplir la ley, así podemos inventar todo lo que quieran y seguiremos creciendo en problemas”, señaló.

Por esta situación, enfatizó la necesidad de evaluar a los funcionarios públicos que reciban las ordenes del mandatario estatal para adquirir nuevas responsabilidades, y así disminuir la plaga de actores políticos que endeudan el estado.

“La evaluación es fundamental, ¿cómo es posible que se le exija evaluación a los maestros y no se le exija evaluación a los que manejan miles de recursos?”, cuestionó.

En ese sentido, Rafael Arias recalcó que la ciudadanía y los medios de comunicación deben ser los responsables de evaluar a los servidores públicos, puesto que sólo así puede haber imparcialidad y objetividad en la designación de estos.

“Si no, caemos en el mismo problema de que el que paga manda; yo mando a hacer mi autoevaluación y obviamente será muy suicida el que le pague y me haga quedar mal. Tiene que ser la sociedad, tienen que ser los medios de comunicación que deben tener más responsabilidad social”, aseveró.

Por mencionar algunos de los cambios más cuestionados y señalados dentro del gabinete de Javier Duarte, está la llegada de Alberto Silva Ramos a la Coordinación General de Comunicación Social del Estado, toda vez que el ex titular de la SEDESOL tiene el antecedente de haber metido a la cárcel a tres periodistas.

Las manifestaciones en la capital del estado han aumentado a tal grado de suceder casi todos los días, desde la llegada de Erick Lagos Hernández a la Secretaría de Gobierno, lo cual ha evidenciado su ineficacia para solucionar las demandas de la ciudadanía.

Luego de haber sido detenido por la PGR en el aeropuerto de Toluca, por portar 25 millones de pesos en efectivo durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y no esclarecer la procedencia del mismo, Vicente Benítez Guillermo González ha sido nombrado recientemente como Oficial Mayor de la SEV.

El procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, sólo era conocido por su nombre y apellido por parte del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), lo cual despertó varias dudas sobre la experiencia y capacidad del ex presidente del IVAI, en materia de procuración de justicia.