Xalapa, Ver.– La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) salió en defensa de Grupo Porres ante los señalamientos de la gobernadora Rocío Nahle García por el cierre del Ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada, y pidió al gobierno estatal respetar la libertad empresarial y la certeza jurídica.

A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que las decisiones sobre inversiones, estados financieros y estrategias de capital corresponden al ámbito privado de las empresas. Asimismo, advirtió que los cuestionamientos públicos sobre decisiones patrimoniales pueden afectar el clima de negocios y la confianza de los inversionistas en la entidad.

La AIEVAC, que tiene a Grupo Porres entre sus asociados, aseguró que la firma está cumpliendo con las liquidaciones, compromisos y derechos adquiridos de sus trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Industriales atribuyen cierre a crisis azucarera

La asociación rechazó que la suspensión de operaciones en Lerdo de Tejada responda a una supuesta irresponsabilidad empresarial y atribuyó la determinación a la compleja situación económica que atraviesa la agroindustria azucarera nacional.

Entre los factores adversos, el organismo empresarial identificó:

• Competencia e importación: entrada de azúcar extranjera y contrabando técnico.
• Cambio de consumo: desplazamiento del mercado hacia otros edulcorantes.
• Impacto financiero: sobreoferta del producto, caída de precios internos y pérdida de rentabilidad.

“La sostenibilidad de cualquier unidad productiva no puede desligarse de su viabilidad financiera real”, sostuvo el organismo, al tiempo que sugirió que las autoridades deben facilitar incentivos fiscales y energéticos en lugar de trasladar responsabilidades a los particulares.

Nahle insiste: no obligará a la empresa, pero busca alternativas

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García reaccionó a la postura empresarial e informó que mantiene abierta la negociación con Grupo Porres y autoridades federales para buscar alternativas que permitan mantener en operación la factoría.

La mandataria afirmó que su gobierno tiene la responsabilidad de intervenir ante el impacto socioeconómico en Los Tuxtlas, aclarando que no pretende forzar la permanencia del corporativo.

 “Si el empresario ya no quiere el ingenio, no se le puede obligar. Ya no quiere, ni modo”, expresó Nahle García, aunque remarcó que esta semana funcionarios de la Secretaría de Agricultura federal se reunirán con representantes de Grupo Porres para revisar las condiciones operativas y evaluar opciones que salven los empleos.

A.C