Veracruz, Ver. -Tras la aprobación del desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván por parte del Congreso del Estado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que se trata de una persecución política, mientras que la gobernadora Rocío Nahle García negó que sea un asunto partidista.

“En ningún momento es político ni se trata de acciones partidistas. El Ejecutivo, en este caso la gobernadora, no tiene intervención en las investigaciones judiciales”, sentenció.

Afirmó que, tras perder el fuero, los alcaldes deberán presentar sus defensas y continuar con el proceso legal conforme a lo establecido en la ley.

La mandataria estatal señaló que los procedimientos para retirarles el fuero comenzaron después de que la Fiscalía General del Estado realizó investigaciones y reunió datos de prueba que presuntamente los relacionan con distintos delitos.

“Se hacen investigaciones sobre delitos o posibles delitos en el estado y, con base en ello, se integran carpetas de investigación. Es el caso de la desaparición de la periodista de Nanchital y de un empresario de Úrsulo Galván. La Fiscalía integró carpetas e investigaciones que llevaron tiempo y, con base en eso, pidió al Congreso el desafuero de los alcaldes, quienes efectivamente son militantes de Movimiento Ciudadano”, explicó Nahle García.

Dijo que los suplentes, también emanados de Movimiento Ciudadano, deberán asumir las presidencias municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste.

“Los suplentes fueron parte de una fórmula y son del mismo partido político. Nosotros no estamos quitándole a ningún partido la titularidad”, señaló.

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, es investigado por su presunta participación como autor intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

ACUSACIÓN

De acuerdo con la investigación, habría ordenado la privación de la libertad de la comunicadora porque presuntamente tenía una fotografía en la que aparecía portando un arma larga.

En el caso de Úrsulo Galván, el alcalde Bertín Bravo Montero es investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez después de acudir a una reunión en su domicilio.

Nahle también respondió a Jorge Álvarez Máynez, luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano calificó los desafueros como una persecución política.

“Máynez es un simulador, lo conozco como legislador. Es un simulador, mentiroso. Está en su papel de dirigente de ese partido, pero, en lugar de eso, debería ser responsable y decir que las personas enfrenten su juicio y se defiendan conforme a derecho. Eso es lo que corresponde en cualquier caso”, dijo.

La gobernadora aseguró que el procedimiento habría sido el mismo sin importar el partido al que pertenecieran los alcaldes.

“Si los presidentes municipales hubieran sido de otro partido, el que fuera, incluso de Morena, donde yo milito, habría dicho que enfrentaran a la justicia”, indicó.

El desafuero no determina la responsabilidad penal de los alcaldes, sino que elimina la inmunidad procesal para que las autoridades judiciales continúen los procedimientos en su contra.

JRG