Veracruz, Ver.- Un total de ocho policías estatales fueron detenidos por autoridades federales como resultado de una investigación relacionada con el presunto secuestro y tortura de varias personas ocurrida en 2023, en la ciudad de Xalapa.

Aunque inicialmente por este caso se reportó la captura de seis elementos en el cuartel de San José en Xalapa, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este sábado 6 de junio que el saldo final fue de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz. 

Las acciones se realizaron en los municipios de Xalapa, Jilotepec, Cuitláhuac, Veracruz y Naolinco, donde fueron localizados y detenidos Sergio N, Jorge N, Jesús N, Aarón N, Yadira N, Yael N, Lino N y Conrado N.

La fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura deriva de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a través de la unidad encargada de atender delitos vinculados con desaparición forzada.

Policías estatales habrían usado una patrulla para privar de la libertad a sus víctimas en Xalapa

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de una tienda de conveniencia ubicada dentro de una estación de servicio en la colonia SIPEH Ánimas, en la capital veracruzana. Las víctimas habrían sido interceptadas y subidas a una patrulla tipo pick up presuntamente perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Aunque las personas afectadas recuperaron su libertad al día siguiente, las investigaciones continuaron para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades de quienes participaron en el operativo.

Como parte de las diligencias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de personal de la SSPC y de la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo simultáneo en distintos puntos de Veracruz para ejecutar las órdenes de captura.

Los ahora imputados son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y tortura, conductas consideradas de alta gravedad dentro del sistema penal mexicano.

Tras su captura, las autoridades informaron que se les notificaron sus derechos conforme a los protocolos legales vigentes y posteriormente fueron trasladados ante un juez federal con sede en Emiliano Zapata, quien será el encargado de determinar su situación jurídica durante las próximas etapas del proceso.

El caso ha cobrado relevancia debido a que una de las principales líneas de investigación apunta a la utilización de recursos oficiales durante la presunta comisión de los hechos, lo que ha llevado a las autoridades federales a profundizar las indagatorias sobre la posible participación de servidores públicos.

Hasta el momento, la FGR reiteró que las personas detenidas mantienen la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine, con base en las pruebas presentadas, si existe responsabilidad penal en los hechos que se les atribuyen. (BRLH)