Xalapa, Ver – Por segunda ocasión en menos de un mes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto urgente a la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el mando de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. El organismo nacional exige que la dependencia acepte y dé cumplimiento integral a la Recomendación 4/2026, vinculada a severas deficiencias en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.

El conflicto escaló luego de que la fiscalía veracruzana rechazara la recomendación previa (040/2024) de la Comisión Estatal (CEDH), la cual documentaba irregularidades cometidas por ministeriales y peritos. Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aceptó los señalamientos, la FGE optó por la negativa, forzando la intervención del organismo nacional tras la impugnación de cuatro familias afectadas.

Violencia institucional y omisiones

La resolución de la CNDH es contundente: el actuar de la Fiscalía de Veracruz ha vulnerado los derechos de 36 víctimas indirectas y el derecho a ser buscado de cinco víctimas directas. Según el organismo, se acreditó la existencia de "violencia institucional", un concepto que describe cómo la propia autoridad que debería investigar se convierte en un obstáculo para la justicia mediante dilaciones y negligencias.

La CNDH subrayó que los argumentos de la FGE para rechazar la recomendación carecen de sustento técnico y legal, ignorando el principio pro persona. Al negarse a colaborar con los organismos de protección de derechos humanos, la Fiscalía no solo bloquea la reparación del daño, sino que debilita el sistema de justicia no jurisdiccional en todo el país.

Plazo de 15 días y posible comparecencia

La advertencia para la titular, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, es clara: cuenta con un plazo de 15 días hábiles para aceptar la recomendación y presentar pruebas de su cumplimiento. De persistir la cerrazón institucional, la CNDH advirtió que solicitará la comparecencia de la Fiscal ante el Congreso del Estado de Veracruz.

Además, se exigirá la emisión de una circular interna que obligue a todo el personal de la fiscalía a atender con celeridad los pronunciamientos de derechos humanos. 

AC