Xalapa, Ver.— El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad y evitar que la ciudadanía se exponga al enfrentar directamente a presuntos delincuentes, al referirse a la conformación de grupos vecinales de vigilancia en el municipio de Emiliano Zapata.

En entrevista, el funcionario subrayó que si bien es válido escuchar a la población cuando decide organizarse ante hechos delictivos, corresponde a las autoridades mantener el orden y aplicar la ley para prevenir riesgos mayores.

“Hay que atender la demanda ciudadana, pero es obligación del Estado garantizar el estado de derecho para que la gente no salga con palas y picos a enfrentar situaciones de riesgo”, expresó.

Ahued Bardahuil insistió en que la intervención institucional es necesaria para evitar confrontaciones directas entre ciudadanos y presuntos responsables de delitos, y reiteró que las corporaciones de seguridad deben responder a los reportes vecinales.

Sus declaraciones se dan en el contexto de la organización de habitantes de la congregación de Las Trancas, en Emiliano Zapata, quienes integraron el grupo denominado Vecinos Vigilantes ante el aumento de robos y agresiones reportados desde noviembre de 2025.

De acuerdo con testimonios de pobladores, los hechos delictivos se han presentado tanto en la zona centro como en calles aledañas, donde personas desconocidas acechan a transeúntes y comercios. Señalan que se han registrado robos, intentos de asalto y casos de persecución y acoso sexual, principalmente contra estudiantes.

Los recorridos vecinales se concentran en puntos como la calle Principal, el Callejón Guadalupano, la carretera Xalapa–Veracruz y la avenida Revolución Mexicana. Comerciantes de la zona han respaldado la iniciativa y aportado recursos para chalecos y radios de comunicación.

Los integrantes del grupo aseguran que, al detectar un posible delito, retienen a la persona y dan aviso a los números de emergencia para que la autoridad realice la detención formal. También afirman que algunos de los presuntos responsables portan machetes, navajas y palos para intimidar.

Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró que, aunque reconoce la preocupación ciudadana, la responsabilidad de garantizar la seguridad y aplicar la ley recae en las instituciones.