Xalapa, Ver.– A punto de cumplir un año sin percibir salario, docentes y directivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) decidieron llevar su conflicto laboral al ámbito federal, al advertir que las instancias estatales han sido omisivas frente a una crisis que amenaza la viabilidad de la institución y la estabilidad de miles de trabajadores.

La comunidad académica anunció que, durante la visita presidencial al puerto de Veracruz este viernes 23 de enero, entregará un documento dirigido a la Claudia Sheinbaum Pardo, en el que exponen no sólo el adeudo salarial acumulado, sino un entramado de irregularidades administrativas, vacíos legales y presuntos actos de corrupción que, aseguran, siguen sin sanción.

De acuerdo con el pronunciamiento, la UPAV atraviesa una etapa de desgaste estructural: docentes y directivos continúan impartiendo clases y operando sedes sin ingresos regulares, sin contratos claros, sin reconocimiento de antigüedad y sin garantías mínimas de seguridad laboral.

Los inconformes sostienen que, aunque el pasado 12 de enero se emitió un decreto para asegurar recursos financieros a la universidad, el documento se limita a la operación institucional y excluye deliberadamente los derechos laborales de quienes sostienen el proyecto educativo. “Se garantiza la existencia de la universidad, pero no la subsistencia de sus trabajadores”, señalaron.

DOS DÉCADAS DE FUNCIONAMIENTO

Recordaron que la UPAV, con más de dos décadas de funcionamiento y presencia en los 212 municipios de Veracruz, fue concebida como un modelo educativo alternativo para llevar bachillerato y licenciaturas a regiones marginadas, bajo un esquema autónomo y sin subsidio estatal directo, a diferencia de otras instituciones públicas.

Sin embargo, afirmaron que esa condición ha sido utilizada históricamente para normalizar la precariedad laboral. A ello se suman —indicaron— decisiones administrativas irregulares tomadas en gestiones pasadas, que derivaron en denuncias penales y procesos judiciales, aunque sin que se castigue a quienes, acusan, operaron desde los niveles más altos.

El documento también alerta sobre un clima de temor interno, especialmente entre quienes participaron en denuncias por corrupción, ante la inexistencia de mecanismos de protección y de certeza jurídica sobre su permanencia.

“Seguimos trabajando por compromiso con los estudiantes, pero el límite está cerca”, advirtieron los docentes, al señalar que la falta de pago ha provocado endeudamiento, abandono de plazas y un deterioro progresivo de la calidad educativa.

Ante este escenario, solicitaron la intervención directa del Gobierno federal para destrabar el pago de salarios atrasados, establecer un esquema laboral claro, reconocer la antigüedad del personal y garantizar que las investigaciones por corrupción lleguen a sus últimas consecuencias.

Finalmente, advirtieron que la función social de la UPAV, dirigida a sectores históricamente excluidos, corre el riesgo de colapsar si se mantiene un modelo que exige vocación, pero niega derechos básicos a quienes sostienen la educación en el estado.