Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aseguró que los procesos penales contra exdirectivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) continuarán sin interferencia del Poder Ejecutivo y llegarán “hasta donde tengan que llegar”.

La declaración de la gobernadora de Veracruz se registró tras la detención de tres exfuncionarios de la UPAV, entre ellos el exrector Sergio N. Los detenidos fueron sometidos a un año de prisión preventiva por su presunta participación en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.

Tras la audiencia en la que un juez de control dictó la medida cautelar en contra de Sergio N, Víctor de Jesús N y Frida Narayana N, la mandataria afirmó que las detenciones no fueron improvisadas ni motivadas por criterios políticos, sino resultado de una investigación iniciada desde meses atrás.

Rocío Nahle afirmó que su administración recibió múltiples denuncias sobre irregularidades dentro de la UPAV desde noviembre de 2025, lo que detonó una revisión administrativa y financiera más profunda.

“Voy a ser muy cuidadosa porque hay un proceso en curso, pero es cierto que desde hace meses empezamos a recibir manifestaciones y señalamientos de irregularidades en la universidad”, declaró.

La gobernadora dijo que las problemáticas detectadas incluyen adeudos a docentes, deficiencias administrativas graves, retrasos y obstáculos en la entrega de documentos académicos y afectaciones directas a estudiantes por irregularidades en clases y trámites.

Ante este escenario, su gobierno solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y sostuvo reuniones con fundaciones vinculadas a la UPAV, autoridades universitarias y personal administrativo.

“Se mandó a llamar a la fundación, al área administrativa y al rector; fue un proceso donde se observaron fuertes irregularidades y por eso se procedió”, explicó.

Nahle enfatizó que la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue una obligación legal y no una decisión con tintes partidistas.

“Es ya mi gobierno y yo tengo que actuar, sea quien sea. Dije que se proceda y que se haga con la fiscalía anticorrupción, como debe ser”, sostuvo.

La gobernadora añadió que el desarrollo del caso está ahora en manos del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), que será el encargado de determinar responsabilidades y emitir las resoluciones de fondo. “Hubo detenciones y eso lo resolverá un juez; esa es la ruta institucional”, puntualizó.

En paralelo al proceso penal, Nahle afirmó que su principal preocupación es garantizar la continuidad académica y la estabilidad laboral dentro de la UPAV, luego de que el Estado asumió el control total de la universidad mediante un decreto.

Señaló que los adeudos a maestros deberán ser cubiertos por las fundaciones vinculadas a la universidad. El gobierno estatal comenzará a asumir pagos conforme avance la reorganización administrativa.

“Las fundaciones tendrán que pagar lo que deben y nosotros empezaremos a cubrir lo que nos corresponde”, explicó.

Reconoció que la intervención estatal implicará un impacto presupuestal, pero defendió la decisión como necesaria para proteger el derecho a la educación superior.

“Sí va a haber un impacto, pero para eso son nuestros impuestos”, dijo.

JRG