Xalapa, Ver.– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció que presidentes municipales emanados de sus filas son amenazados para incorporarse a Morena, acusó el dirigente estatal priista, Adolfo Ramírez Arana, quien señaló directamente al Congreso del Estado como un espacio donde se estarían condicionando gestiones y apoyos.

El presidente del PRI aseguró que la autonomía municipal está bajo asedio tras recibir las presuntas amenazas, según Adolfo Ramírez Arana el modus operandi consiste en utilizar la revisión de cuentas públicas como una herramienta de intimidación.

El titular del PRI en Veracruz explicó que los alcaldes de oposición que acuden a realizar trámites administrativos o a solicitar presupuesto para obra pública se encuentran con un muro institucional en el Congreso del Estado, donde supuestamente se les sugiere cambiar de militancia para destrabar sus proyectos.

La situación ha generado un clima de incertidumbre en diversos municipios que dependen de la coordinación estatal para cumplir con sus planes de desarrollo.

Señalamientos directos en el Congreso del Estado

El dirigente Adolfo Ramírez Arana fue enfático al responsabilizar a la Junta de Coordinación Política por permitir que el recinto legislativo se convierta en una oficina de reclutamiento partidista.

Para el PRI, el Congreso del Estado está fallando en su labor de representar a todos los veracruzanos, priorizando en cambio el crecimiento de una sola fuerza política mediante la coacción a los alcaldes de oposición.

Se denunció que el condicionamiento de obra estatal no solo es una falta ética, sino una transgresión a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, convirtiendo la gestión pública en un botín electoral operado desde las curules.

Postura de los alcaldes de oposición y la respuesta oficial

Mientras Adolfo Ramírez Arana levanta la voz por sus correlacionados, la contraparte en el Congreso del Estado niega rotundamente estas prácticas.

El legislador Esteban Hernández Bautista ha defendido que las recientes adhesiones de alcaldes de oposición, como los de Cosautlán de Carvajal y Coyutla, son decisiones estrictamente personales y voluntarias.

Para la dirigencia priista, el hecho de que estas "migraciones" ocurran justo cuando se definen presupuestos y se revisan auditorías resulta altamente sospechoso. El Congreso del Estado se mantiene así en el ojo del huracán por este reacomodo de fuerzas.

Finalmente, Adolfo Ramírez Arana advirtió que el partido no se quedará de brazos cruzados y documentará cada caso donde se intente someter a los alcaldes de oposición.

La productividad del Congreso del Estado también fue duramente criticada, señalando que el tiempo perdido en presiones políticas debería ocuparse en abatir el rezago legislativo.