Xalapa, Ver. - Pese a que existían elementos suficientes para aplicar todas las agravantes previstas en la ley, un juez de control adscrito al penal de Pacho Viejo sentenció a 15 años de prisión a un maestro acusado de pederastia agravada en Xalapa, sin considerar la perspectiva de discapacidad de las víctimas.

El juez Eduardo Martínez condenó a Felipe Israel N por el delito de pederastia agravada, aunque desechó agravantes relacionadas con la condición de discapacidad de los menores y su calidad de servidor público.

Familiares de las víctimas hicieron un llamado a autoridades judiciales estatales y federales, así como a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que el caso sea revisado y juzgado conforme a los protocolos de infancia, adolescencia y discapacidad, al considerar que la sentencia no se apegó a dichos lineamientos.

El exprofesor del Centro de Atención Múltiple (CAM) 6 de Xalapa fue acusado por al menos tres menores con discapacidad de cometer actos de abuso sexual dentro del aula. De las tres denuncias presentadas, solo dos familias continuaron con el proceso judicial y únicamente uno de los casos derivó en una condena, dictada en diciembre de 2025.

HAY OTRO PROCESO

El segundo proceso permanece en curso. Los familiares exigen que se consideren las agravantes correspondientes, ya que los hechos habrían sido cometidos de manera reiterada contra menores con discapacidad y por un docente en funciones, es decir, un servidor público.

De acuerdo con la legislación vigente en Veracruz, la pena por pederastia agravada puede alcanzar hasta 40 años de prisión, con un mínimo de 12 años. En este caso, la condena fue de 15 años, apenas tres por encima del mínimo legal, resolución que será apelada por la parte acusadora.

Los familiares de las víctimas, quienes solicitaron el anonimato debido a acoso y hostigamiento, también denunciaron la falta de atención por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Señalaron que dos maestras que presuntamente encubrieron al profesor únicamente fueron removidas de su centro de trabajo, sin que se iniciara procedimiento administrativo alguno.

Indicaron además que la SEV ignoró una solicitud para que los menores afectados recibieran clases en línea, por lo que actualmente se encuentran sin acceso a educación.

“No estamos de acuerdo con la sentencia porque solamente es tres años por encima de la mínima. Mi asesor jurídico ya está utilizando los recursos legales para combatirla. También hago un llamado a otras víctimas para que levanten la voz”, expresó uno de los familiares.

En otro pronunciamiento, solicitaron la intervención de autoridades de mayor nivel para que se garantice justicia adecuada a la niñez y para que jueces y magistrados actúen conforme a los protocolos establecidos.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Veracruz no ha emitido información oficial sobre este caso.