La comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz determinó que no es procedente la aprobación de la Cuenta Pública del 2021, debido a que no hay elementos suficientes para avalar la revisión que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que arrojó un presunto daño patrimonial de tres mil 200 millones de pesos.

El diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni, determinó que se dará un nuevo plazo al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para hacer una segunda revisión a los resultados de las auditorias y para el proceso de solventación.

El presidente del grupo de trabajo, que debe encargado de dictaminar la Cuenta Pública, explicó que será el Pleno de Congreso, en la sesión extraordinaria del lunes 24 de octubre, el que determine si se aprueba el dictamen.

En caso de que la mayoría valide la no aprobación de la Cuenta Pública 2021, se dará un periodo de 90 días al Orfis para que “mejore” el informe y tome en cuenta la información que ya remitieron algunos exalcaldes y alcaldes en funciones.

Aclaró que la idea de una segunda revisión a una muestra de las auditorías no implica que traen un hacha para decir que está mal el trabajo de fiscalización que hizo el Orfis, por el contrario, dijo, se trata de una “nueva oportunidad” para la auditora general, Delia González Cobos.

“El dictamen salió de no aprobar la Cuenta Pública y dar un plazo de 90 días al Orfis, es el dictamen de la comisión y falta el pleno, para revisar a partir de una muestra, para hacer bien el trabajo y que sea una cuenta bien hecha”, dijo en entrevista.

El diputado local comentó que ampliar el periodo de revisión es una medida sana y se puedan aclarar las dudas que generó el informe que se entregó el 30 de septiembre, luego de que alcaldes se quejaron que no se habían tomado en cuentas los informes de entrega-recepción, donde reportaron obras fantasmas y de mala calidad.

Desde el viernes 14 de octubre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo); Javier Gómez Cazarín adelantó que su voto sería en contras de la Cuenta Pública del 2021, por diversas irregularidades.

Previo a esa postura, se dijo que se estaban cobrando moches para limpiar las observaciones del Orfis y se dio el cambio del presidente de la comisión de Vigilancia, llegó al relevó Rafael Fararoni, diputado de los Tuxtlas.

Oposición aplaude la no aprobación 

A la postura del presidente de la comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni se sumaron diputados de, Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo que adelantaron la postura en contra del Informe de la Cuenta Pública del 2021.

Fue la diputada Nora Lagunes Jáuregui la primera en hablar del trabajo del Orfis, al destacar que les genera duda que las dependencias del gobierno del Estado no tenían daño patrimonial o que los montos eran mínimos a pesar de que gastaban más de 60 mil millones de pesos. 

Ironizó que pedirían que los secretarios de despacho explicar a los alcaldes cómo le hacían para no tener errores al momento de gastar el presupuesto público.

Otra que opinó al respecto, fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, que mencionó que a su oficina habían llegado alcaldes quejándose que no se tomó en cuenta las actas de entrega-recepción que se remitieron al Orfis.

En los documentos, expuso la legisladora, se tenían reportes de obras fantasmas y otras más de mala calidad que no fueron auditadas, y que podrían tener impacto en el monto del daño patrimonial.

El petista, Ramón Díaz Ávila planteó que el Orfis no tiene ni el personal, ni el presupuesto suficiente para hacer el trabajo de fiscalización, por lo que consideró que era necesario hacer una segunda revisión a una treintena de municipios, donde tenían duda de los resultados de las auditorías. 

En el caso del PRI, el diputado Marlon Ramírez Marín aseguró que ellos estaban de acuerdo con hacer una nueva revisión a la Cuenta Pública y poder corroborar que el daño patrimonial, que se calcula en 3 mil 200 millones de pesos.

El domingo 16 de octubre, la auditora general, Delia González Cobos opinó sobre el riesgo de la no aprobación de la Cuenta Pública del 2021, y planteó que se generaría una “incertidumbre jurídica” para los ayuntamientos 2018-2021, así como para las secretarías del gobierno del estado.

El problema se generaría porque no se tendría manera de contabilizar la prescripción de conductas graves o no graves y la posibilidad de que se pueda proceder legalmente contra quien hizo un mal uso de recursos públicos.

“Por supuesto, si ellos requieren que se hagan auditorias adicionales pues se harían”, adelantó ante las posturas que ya habían planteado algunos legisladores de Morena y de oposición que pedirían una nueva revisión a fondo.

fm