Si los diputados locales optan por no votar a favor de la Cuenta Pública 2021, que detectó inconsistencias por más de 3 mil millones de pesos en los ayuntamientos, se generaría un boquete jurídico que podría llevar a que algunos servidores o exservidores públicos se queden sin ser sancionados, según ha adelantado Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

Pero esta no sería la primera vez que el Congreso del Estado rechaza una cuenta pública; ya en 2019, los diputados de la LXV Legislatura optaron por no votar a favor de la cuenta de 2018.

En aquella ocasión, la Legislatura avaló instruir al ORFIS que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectuara una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior incluyendo la documentación entregada en sede legislativa para que emitiera los correspondientes informes individuales e Informe General Ejecutivo que deberá remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se elabore el dictamen correspondiente y, en su caso, aprobación del Pleno.

En entrevista, Delia González Cobos explicó que en caso de que los diputados locales opten por no votar a favor de la Cuenta Pública 2021, se estaría ante el riesgo de prescripción de posibles sanciones en faltas no graves, que tienen un plazo de 3 años para proceder.

“Pero no creo que el tiempo tenga que agotarse para eso, dependerá de lo que ellos decidan”, enfatizó.

Además, agregó que en caso de que los diputados, como ya lo han adelantado algunos, consideren que deben realizarse auditorías adicionales a las contenidas en el informe final de la Cuenta Pública 2021, se realizarán, aunque no se estableció el plazo que se daría para ello.

CUESTIONAN LABOR DEL ORFIS

Pero ¿por qué no habría de aprobarse la Cuenta Pública este año? Todo deriva de la manifestación del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien acusó que el Órgano de Fiscalización no tomó en cuenta documentación de los nuevos alcaldes donde exhibieron las faltas en sus municipios por la pasada administración.

“Hay muchas quejas de los alcaldes, vimos alcaldes que dicen que presentaron en tiempo y forma y han llegado con oficios recibidos por el ORFIS donde entregaron las pruebas que les solicitaron y no fueron contempladas”, dijo.

Cabe recordar que sobre Gómez Cazarín recaen a su vez acusaciones de promover despachos para “limpiar” las cuentas de los exalcaldes; él por su parte acusó a los subordinados de Delia González de ser los responsables de las supuestas irregularidades detectadas en la cuenta pública.

“Abajo hay mucha gente que no hace bien su trabajo y les gusta estar atrasando las cosas y luego dicen que los diputados limpian las cosas, pero también así hay alcaldes que tienen unas obras que son una vergüenza”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni, afirmó que también ha encontrado “inconsistencias” en el proceso de fiscalización y cosas “que se pudieron hacer mejor”.

Sin embargo, pidió no adelantarse sobre lo que podría ocurrir esta semana que se estima la votación del dictamen.

“El monto de la fiscalización no se puede politizar, sean 3 mil millones de pesos o sea un peso tiene que ser una cuenta bien hecha”, dijo.

Sobre las manifestaciones de los diputados locales que han adelantado su voto en contra, Delia González les recordó que ellos ya sabían que se estaban presentando problemas con las documentaciones presentadas por los entes fiscalizables, entre ellos los ayuntamientos.

Destacó que las copias simples no hacen prueba plena y los documentos presentados no solo deben estar certificados, sino que debe haber evidencia de que realmente existen los documentos en las dependencias de la administración municipal.

Esta situación, dijo, se le explicó en más de una ocasión a los legisladores sobre el problema que podría representar la mala comunicación entre autoridades salientes y entrantes.

“Los diputados con los que estuvimos trabajando estaban perfectamente enterados de las situaciones que se habían presentado en esta revisión y en todos los foros y a todas las preguntas que me hicieron yo respondí que había una problemática que se estaba presentando en esta revisión”, dijo.

Explicó que de no aprobarse la cuenta pública hay diversos escenarios, por ejemplo, que se pudiera extender el plazo para la presentación de los resultados, que se pueda dar la oportunidad al ORFIS de contar con documentación que ahora sí puedan otorgar las autoridades actuales o incluso que deba hacerse una nueva revisión.

“Todo dependerá del análisis que ellos hagan y la determinación que puedan ellos emitir”, enfatizó.

ch