Por delincuencia organizada o de fuero común, al menos diez municipios de Veracruz son focos rojos para ejercer el periodismo, según informó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).

En comparecencia, el presidente del organismo, Silvero Quevedo reconoció que el crimen organizado que opera en algunas zonas de Veracruz representa un riesgo para comunicadores y comunicadoras de la entidad.

Quevedo enfatizó también sobre el riesgo que conlleva el reportear “notas rojas” sobre hechos violentos: “cuando hay hechos delictivos -sobre todos los de la fuente policiaca- tiene mayor riesgo por ir al lugar de los hechos”, dijo.

En la comparecencia se destacaron los siguientes municipios por la CEAPP por su peligrosidad para ejercer el periodismo: Poza Rica, Martínez de la Torre, Papantla, Coatzacoalcos, Cosoleacaque Minatitlán, y “varios municipios de la Huasteca Alta.”

Es importante mencionar que Veracruz es considerada la entidad más peligrosa para la prensa en América Latina, según informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

Recién el 12 de enero fue asesinado el comunicador José Luis Gamboa Arenas, cuyo crimen se sumó a los cuatro crímenes de periodistas que suma el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Jorge Celestino Ruíz Vázquez fue asesinado en Actopan el dos de agosto del 2019, después María Elena Ferral fue atacada a balazos en Papantla el 30 de marzo del 2020.

Julio Valdivia fue privado de la vida en Tezonapa el 9 de septiembre del 2020 y casi un año después Jacinto Romero Flores también fue asesinado en Ixtaczoquitlán el 19 de agosto del 2021. Ambos en la misma zona de las Altas Montañas de Veracruz.

Una de cada cinco agresiones que se dan contra periodistas son por autoridades municipales

La participación de autoridades en las violaciones contra periodistas también fue destacado por la CEAPP al mencionar que un quinto de ellas son desde ayuntamientos.

El organismo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, que se fortalecieran las investigaciones por agresiones contra comunicadores y se haga justicia por ellos y ellas.

Se externó la necesidad de incluso multar a autoridades que incurran en agresiones contra los profesionales de la comunicación, mencionando también que se necesita capacitación desde el sector policial, también cómplice de abusos.