De los 519 millones 991 mil 348 pesos que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Inés Romero Cruz, solicitó como ampliación presupuestaria, este martes el Congreso del Estado aprobó otorgarle únicamente 200 millones de pesos.

Además, como parte del dictamen, los diputados requirieron al Poder Judicial continuar con las medidas de austeridad.

Hay que recordar que la mayoría de los magistrados aceptaron reducir sus percepciones debido al déficit financiero, medida a la que también se sumaron los trabajadores con altos cargos administrativos.

Durante la sesión extraordinaria de este martes, el diputado de MORENA, Rubén Ríos Uribe, también pidió a Romero Cruz y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, proceder contra quienes ocasionaron el déficit financiero.

“Como representante popular nos queda claro el rescate del Poder Judicial del Estado; bien sabemos que es una deuda que nos heredan gobiernos pasados con un déficit de más de 460 millones de pesos (…).

“Pero también quiero exhortar a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al mismo Poder Judicial del Estado de Veracruz para que interponga las denuncias correspondientes porque existe un déficit de más de 400 millones de pesos y ese dinero no puede salir de las arcas públicas sin que se vea un beneficio en favor de las y los veracruzanos”, dijo el legislador en tribuna, aunque a título personal.

El pleno aprobó el rescate de 200 millones de pesos con 39 votos a favor; un voto en contra y 3 abstenciones, ya que la propia Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) argumentó contar con esos recursos.

Esto quiere decir que la ampliación no incluyó 319 millones de pesos y en consecuencia se recomenzó al Poder Judicial establecer medidas extras para alcanzar un balance en su presupuesto:

“Resulta necesario la continuidad de las políticas que permiten la aplicación de las medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos, en beneficio de las y los veracruzanos”.

Este año Romero Cruz impulsó el cierre de 29 juzgados y posteriormente, en una reunión entre los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, informó que había un desbalance en el presupuesto de 500 millones de pesos.

En dicha reunión Cruz Romero informó que no había dinero suficiente para terminar el año y era necesario recortar las percepciones de magistrados y trabajadores.

Posteriormente, en el mes de agosto, Romero Cruz requirió el rescate argumentando que los recursos son para cumplir las funciones prioritarias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.

Además, se justificó la petición en los compromisos adquiridos con la celebración de contratos de Asociación Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales, que también incrementaron su costo inicial.

El oficio de solicitud estableció que había insuficiencia presupuestaria para los servicios personales y generales, aunado a que es necesario contar con 33 millones 650 mil pesos para echar a andar los Tribunales Laborales Locales “conforme al convenio de Coordinación para el otorgamiento del Subsidio para la segunda etapa de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral”.