El de Gerardo Sosa Castelán, en Hidalgo, es uno de los cacicazgos políticos más añejos del país y doblemente afrentoso por estar montado sobre las finanzas de una universidad pública en uno de los estados con mayor rezago social. En agosto de 2020 pareció haber sido tocado de muerte al descubrirse desvíos financieros escandalosos. Pero indicios apuntan hoy hacia su sobrevivencia, incluso a un resurgimiento.

En días pasados este grupo obtuvo una victoria hasta ahora discreta, que tendrá los efectos de una bomba de profundidad.

El Patronato de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo (UAEH), que encabeza Sosa Castelán, logró recuperar, en una operación relámpago, un total de 151 millones de dólares que tenía congelados en las cuentas 7003234986, 4060282449, 4060782513, 4061368890, 6348352082 y 4061368908. Todas, del banco HSBC. Pudo hacerlo gracias a la súbita orden de un juez para levantar el congelamiento de esos fondos.   

Esa importante cifra era resguardada mediante un aseguramiento de la Fiscalía General de la República que conduce Alejandro Gertz Manero, basado en acusaciones de presunta defraudación fiscal y lavado de dinero a partir de una sofisticada triangulación de cuentas bancarias en diversos países manejadas por el primer círculo de colaboradores de Sosa, incluidos miembros de su familia. Las indagatorias tuvieron como base una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando era conducida por Santiago Nieto.

Fuentes consultadas aseguraron a este espacio que funcionarios de la FGR buscaron impugnar tal resolución e incluso solicitaron audencia judicial hasta en cinco ocasiones, “a lo que el juez se negó”. Se ignora si la UIF, ahora bajo el mando de Pablo Gómez, presentó algún recurso en ese mismo sentido. El plazo para controvertir la orden del juzgado venció el pasado miércoles 17 de mayo. Las cuentas fueron descongeladas desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En unos cuantos días ese dinero había sido retirado; se esfumó hacia un destino hasta ahora desconocido.

Sosa Castelán, de 67 años, fue detenido el último día de agosto de 2020, y en febrero pasado se le permitió guardar prisión domiciliaria, una condición que le resultó propicia para desarrollar cabildeo político, en especial durante las recientes campañas para la renovación de la gubernatura que ocupa el priísta Omar Fayad, quien será relevado en septiembre por Julio Menchaca -postulado por Morena-, tras obtener una cómoda ventaja con más de 60% de los votos.

Sosa Castelán -cuya facción en la política hidalguense fue bautizada como “Sosa Nostra” por el desaparecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa- ha tenido en forma sucesiva el control de varias franquicias partidistas en el estado, lo que incluyó a Morena tras los comicios locales de 2018. Su hermano, Damián Sosa Castelán, tuvo bajo su mando la bancada morenista en el Congreso estatal. El grupo implosionó tras el arresto del dirigente.

Gerardo Sosa se montó en la política local desde sus días de preparatoriano al ingresar a la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), creada en 1966 y considerado grupo de choque negociador de prebendas políticas y económicas. Ha ocupado dos diputaciones federales (2000-2003 y 2006-2009), además de una diputación local, la dirigencia de los burócratas estatales, la dirigencia estatal del PRI y, desde 2009, la presidencia del Patronato de la UAEH, su centro de poder virtualmente vitalicio.

Se abre ahora un nuevo enigma sobre si la “Sosa Nostra’’ regresará por sus fueros y qué implicación tendrá ello para la vida no solo de la UAEH -con un presupuesto público de 2,500 millones de pesos-, sino para el conjunto de la política en aquella entidad. ([email protected]).